El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado este viernes dos enmiendas formales de las 17 presentadas por el PSOE al Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades, que ya ha quedado listo para ser debatido en pleno.

Durante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes que ha debatido las enmiendas socialistas —el PSOE mantendrá vivas para su debate en pleno las 15 enmiendas restantes— se ha aprobado el dictamen de la ley, cuya ponente será la diputada del PP Carolina Agudo.

El diputado socialista Luis Santiago Tierraseca ha sido el encargado de defender las enmiendas de su grupo, entre las que pedían que los letrados que accedan por oposición y no acrediten una experiencia en prácticas forense de al menos un año, reciban una formación específica y práctica, diseñada por la Dirección de los Servicios Jurídicos, que no sea inferior a doce meses.

Carolina Agudo, por el PP, ha argumentado el rechazo de su grupo a esta enmienda teniendo en cuenta que los conocimientos adquiridos por este colectivo "son amplios" y que la ley acceso a la abogacía les excluye de esas prácticas.

De otro lado, el PSOE solicitaba que en el caso de resoluciones denegatorias se especifiquen las causas y motivos del conflicto y se concreten los supuestos en los que "podría incurrirse en conflicto de intereses", y que su supriman, entre los requisitos indispensables de acceso al Cuerpo de Letrados, el de que el procedimiento de oposición se base en "criterios de excelencia" como recoge el texto, dejándolos únicamente en los de mérito y capacidad.

En este sentido, Agudo ha apuntado que se debe conservar la expresión de "excelencia" y por tanto no admitir la enmienda del PSOE, para que, "respetando los principios de mérito y capacidad, se seleccione a los mejores".

Otra de las enmiendas socialistas rechazadas por los 'populares' pedía el acceso al cuerpo de letrados por concurso cuando, como ha destacado Carolina Agudo, es algo que el Consejo Consultivo "entendió ilegal" y fue declarado "nulo" por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.