El PRC ha denunciado el "incumplimiento reiterado" de seis sentencias a favor de una trabajadora de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social, un asunto que, para los regionalistas, "ejemplifica a la perfección" la, a su juicio, "nefasta y discriminatoria" política de personal del Gobierno de Cantabria y sobre el que pedirán explicaciones en el Pleno del próximo martes.

La diputada regionalista Matilde Ruiz ha opinado en un comunicado que "urgen explicaciones" después de que, según su versión, el Gobierno regional haya llegado a despedir en dos ocasiones a esta trabajadora de esta fundación, dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, tras pedir una reducción de jornada para cuidar a su hija y estando además embarazada.

Según Ruiz, en ambas ocasiones los despidos fueron declarados "nulos" y "discriminatorios por razones de sexo" y se obligó a la Fundación a readmitir a la trabajadora, que, según los regionalistas, ha sufrido un "calvario".

Desde el PRC, han asegurado que cuando la reincorporación de esta mujer al trabajo se produjo "en condiciones más que lamentables" pues —dicen los regionalistas— en lugar de devolverla a sus funciones fue obligada, primero, a permanecer durante toda su jornada delante de una pantalla de ordenador apagada y, posteriormente, a realizar cuatro fotocopias.

La afectada ha presentado denuncias por estos hechos, que han provocado que el Gobierno haya tenido que indemnizarla por daños y perjuicios y, también, ha propiciado una intervención de la Inspección de Trabajo, que ha abierto un proceso sancionador contra la Fundación.

Además, la diputada del PRC ha acusado al Gobierno regional de decir "mentiras" en este caso cuando la Comisión de Peticiones del Parlamento se interesó por lo sucedido ya que el Ejecutivo "negó", según Ruiz, la existencia de una sentencia favorable a la trabajadora por daños y perjuicios, el proceso sancionador de la Inspección de Trabajo, el informe judicial que constata la readmisión irregular y la desestimación de los recursos del Gobierno.

Dado que toda esa documentación ha sido aportada por la propia trabajadora, la diputada del PRC considera que el Ejecutivo "ha sido pillado en falso" y ha calificado su comportamiento como "una indecencia absoluta".

Por todo ello, Ruiz quiere que el Gobierno explique al Parlamento por qué no acata las sentencias judiciales, cuánto dinero ha tenido que abogar en indemnizaciones a la trabajadora y qué medidas piensa adoptar para acabar con estos casos de "discriminación laboral".

Asimismo, se interesará por las políticas para favorecer el empleo de las mujeres embarazadas y la lucha contra la discriminación por razones de género.