La exministra de Fomento Magdalena Alvarez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de imputación dictado por la juez que investiga los ERE irregulares porque entiende que los presuntos delitos que se le atribuyen habrían "prescrito". Por esta razón, pide la nulidad de la resolución judicial dictada por Mercedes Alaya, que imputaba a Álvarez por prevaricación administrativa y malversación.

En el recurso, adelantado por la cadena Ser, el abogado de Alvarez, Horacio Oliva, solicita por tanto la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa respecto a su representada "por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados", pidiendo de manera subsidiaria que se revoque dicha resolución judicial "por falta de motivación" y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que "se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo".

El letrado alega en el recurso que, en el auto por el que Alaya imputó tanto a Magdalena Alvarez como a otros 19 altos o exaltos cargos de la Junta, la juez ha "vulnerado" el derecho a la tutela judicial efectiva "por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación", lo que le ha generado "indefensión" al "desconocer frente a qué debe defenderse".

En otro punto del recurso, asevera que "la única conclusión acorde a las leyes de la lógica y la experiencia" es que Magdalena Alvarez, "dado el ámbito objetivo de sus competencias, ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados por la Consejería de Empleo a través del IFA/IDEA estuvieran siendo indebidamente ejecutados, ni que ello derivara en una presunta malversación del dinero público", por lo que, "en consecuencia, no es dable atribuir a Alvarez responsabilidad alguna por los hechos que han dado lugar al procedimiento, debiendo por tanto anularse el auto en lo relativo a la imputación de mi representada".

Mercedes Alaya, juez instructora de los ERE, ha trasladado este miércoles a la Fiscalía y demás partes personadas este recurso que la exministra Magdalena Álvarez ha presentado contra su imputación en la causa y que ha sido planteado directamente ante la Audiencia de Sevilla. La jueza, en varias resoluciones notificadas durante esta jornada, da traslado del recurso presentado por el abogado de Magdalena Álvarez, Horacio Oliva, para que las partes se pronuncien sobre su contenido en el plazo de cinco días.

Álvarez, consejera andaluza de Economía entre 1994 y 2004 y luego ministra de Fomento, fue imputada en la causa el pasado 28 de junio, junto a otros 20 altos cargos y ex altos cargos de la Junta.

La juez ha notificado varias resoluciones como su rechazo al recurso de la empresaria Encarnación Poto Monge contra la fianza de responsabilidad civil de 4.089.639 euros que le impuso Alaya como expresidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO).

En su auto, Alaya recoge que el ERE de ACYCO y la correspondiente ayuda sociolaboral "eran innecesarios" pero Poto Monge "la rentabilizó en su propio beneficio, pues al ser despedida como trabajadora cobró durante dos años su indemnización por despido y luego 276.000 euros en virtud de la póliza de prejubilación".

Pese a ello, "siguió desempeñando el mismo cargo de presidenta del Consejo de Administración, cobrando dietas que superaban ampliamente el salario mensual que antes recibía", añade Alaya.

Además de esas dietas, pasó otras tantas por incorporarse a los Consejos de Administración de SOS, la empresa que compró ACYCO, por lo que la juez ve "evidentes las razones por las cuales la señora Poto estaba tan interesada en la percepción para ACYCO de la ayuda pública, para cuyo otorgamiento se valió de sus importantes influencias políticas", según el auto.

En otro auto en respuesta al empresario José González Mata, dueño de UNITER, la juez reitera que esa empresa mediadora cobraba sobrecomisiones por los ERE "con cargo a los fondos públicos, previo pacto con la Junta de Andalucía", dinero que "indiciariamente habría servido para el sostenimiento económico de la trama, incluido para pagar favores al director general de Trabajo".