El mercado hipotecario no presenta todas las garantías que debiera ni para el consumidor  ni para la economía en general. Los primeros sufren hipotecas abusivas o índices hipotecarios que no son transparentes. Y la economía, víctima del exceso, puede sufrir una burbuja inmobiliaria. De todo ello se ha ocupado este martes el Parlamento Europeo.

De un lado, el pleno de la Eurocámara ha aprobado por 659 votos a favor, 20 en contra y 28 abstenciones una nueva norma que endurece las multas por abuso de información privilegiada y manipulación de los mercados financieros y de índices de referencia como el líbor o el euríbor.

Las empresas condenadas por abuso de mercado podrán ser multadas con hasta el 15% de su volumen de negocios anual o 15 millones de euros. A las personas físicas que violen estas normas se les aplicarán multas de hasta cinco millones de euros, así como la prohibición temporal (en los casos más graves podrá ser permanente) del ejercicio de una actividad profesional en empresas de inversión.

Tras el escándalo por la manipulación del líbor, que se tradujo en una fuerte multa al banco británico Barclays, el ámbito de aplicación de la nueva normativa se ha ampliado para castigar también la difusión de información falsa o confusa para manipular el cálculo de índices de referencia.

"Los que manipulen índices de referencia como el líber serán culpables de abusos de mercado y se enfrentarán a fuertes multas", se ha felicitado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.

En paralelo, la Eurocámara y los Gobiernos deben negociar todavía una norma que prevé sanciones penales para los casos más graves de abuso de información privilegiada y manipulación de mercados. Y el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar la semana que viene una norma para regular la elaboración de índices de referencia.

Por otra parte, el pleno de la Eurocámara ha respaldado una norma cuyo objetivo es acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios como los que provocaron la burbuja inmobiliaria en España o Irlanda y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en caso de impago.

La directiva no ha sido sin embargo aprobada de forma definitiva, ya que persisten las diferencias entre el Parlamento y los Gobiernos sobre cómo supervisar desde la UE que los Estados miembros la incorporen correctamente a sus legislaciones nacionales. Una vez que se pacte esta cuestión, los países tendrán un plazo de dos años para transponerla.

"La nueva directiva pone fin a la desregulación del mercado hipotecario europeo y consolida el préstamo responsable", ha dicho el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, ponente parlamentario de la norma.

La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y que hagan "todos los esfuerzos razonables para resolver la situación" antes de iniciar un procedimiento de desahucio.

Cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, la norma exige que la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los consumidores estén sobreendeudados durante largos periodos. Así, se prevén mínimos inembargables en salarios y pensiones.

La directiva obliga al banco a evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito, introduciendo por primera vez estándares a nivel europeo. Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto estandarizado de información sobre la hipoteca.

Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia porque la directiva prohíbe, en términos generales, ligar la concesión de la hipoteca a la adquisición de otro producto financiero. No obstante, este vínculo se permitirá en algunos casos como cuando se trata de seguros o de productos de ahorro.