El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha solicitado la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, para que "explique cuáles son sus intenciones" respecto a la revisión de la ley regional del suelo, con la finalidad de adaptarla a la recientemente promulgada Ley estatal 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana.

Así, Pujante ha pedido que "explique los motivos de por qué se pretende hacer más desregulada y laxa la normativa urbanística regional, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ha habido es una desregulación total absoluta que ha perjudicado con los convenios y pelotazos urbanísticos".

"Es una reforma que pretende ir más allá del propio ordenamiento jurídico estatal y pretende suprimir la rigidez y hacer una ley más laxa cuando precisamente la desregulación que ha habido como consecuencia de la Ley del Suelo que se aprobó en 1996 ha sido la causa fundamental de la crisis más intensa que está padeciendo el país", ha reprobado Pujante, quien se ha mostrado contrario a la reforma propuesta por Sevilla.

Por ello, sostiene que "si aún se pretenden que haya menos control por parte de la Administración regional, eso traerá como consecuencia un empeoramiento de la situación".

Desde IU-Verdes Región de Murcia, Pujante ha abogado por "hacer un ordenamiento jurídico al servicio de ciudadanos y no de los especuladores, de los que nos han robado, primando los equipamientos públicos y para centros escolares y de salud, espacios verdes y carriles bici".

Y es que, argumenta, "la famosa liberalización del suelo, consecuencia de esta última norma, es la causa de la crisis más intensa que está padeciendo el país y de ella derivan la crisis financiera e inmobiliaria".

A su juicio, "es una paradoja que si fruto de la ley del Suelo se ha producido una desregulación total y absoluta marcada por la especulación, el 'saqueo' a las arcas públicas, imputaciones y 'pelotazos' urbanísticos, ahora el Gobierno Regional pretenda que tenga menos control".

Ha considerado "sorprendente" que Sevilla asegure que "el nuevo texto primará la actividad económica y el empleo, como si el ordenamiento urbanístico tuviese como finalidad esto y no lo que es porque la pretensión fundamental del ordenamiento es construir ciudades más racionales".