El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha subrayado que los 32,31 millones de euros que se exigen al Ayuntamiento en concepto de anticipo de la inversión del metro "es una obligación clara recogida en el convenio". No obstante, ha abogado por el "diálogo" y ha insistido en que la "voluntad" de la Junta es que el Consistorio pudiera compensar esa cantidad con obras de movilidad sostenible, confiando así en que, finalmente, retire el recurso contencioso-administrativo.

Ruiz Espejo ha demandado al Ayuntamiento que "mantenga la voluntad de diálogo", pero también le ha recordado que "cada uno tiene que pagar sus obligaciones" y ha subrayado a Europa Press que "a Málaga se le aplica el mismo criterio que a otras ciudades". En consecuencia, ha advertido de que "nadie tenga ninguna duda al respecto ni nadie esgrima ningún tipo de discriminación con respecto a otras ciudades porque ni ha sido así ni va a ser así".

Ha reconocido que esperaba que "todo esto se pudiera resolver" en "el clima de diálogo" abierto, sobre todo tras la reunión mantenida el pasado 24 de mayo en Sevilla por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el ahora presidente en funciones de la Junta, José Antonio Griñán, en la que aplazaban hasta septiembre la decisión sobre el último tramo del metro (Guadalmedina-La Malagueta).

Pese a la presentación de ese recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga, el delegado ha confiado en que "sigamos avanzando en las comisiones en los distintos aspectos pendientes y haya acuerdos porque serán importantes para esta obra y para la ciudad".

"solución viable"

En cuanto a la polémica de si el metro ha de atravesar el centro soterrado, como defiende el Ayuntamiento, o en superficie, que es la opción de la Consejería de Fomento y Vivienda, Ruiz Espejo ha apostado por "una solución viable, que nos permita que entre en funcionamiento y que sea sostenible tanto en su desarrollo como económicamente".

Ha hecho hincapié en que "la mejor opción es la que acordemos entre ambas administraciones porque si no es así, no se va a poder desarrollar nada". Por tanto, ha indicado que "estamos abiertos a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero también éste ha de demostrar con hechos su ofrecimiento de colaboración y diálogo".

Finalmente, el representante de la Junta en Málaga ha reiterado que "hay una fase de diálogo, una tregua, y todos tenemos que intentar llegar a un acuerdo". Para ello, ha opinado, "se deben poner sobre la mesa todos los elementos que sean necesarios para alcanzar ese entendimiento, que es la única manera de que la obra pueda desarrollarse".

De la torre

Sobre la posibilidad de que esos 32,31 millones fueran compensados con obras de movilidad sostenible, el alcalde ya dijo que "siempre estamos abiertos a ese tipo de negociación". Sin embargo, dejó claro que, "frente a una reclamación que plantea la Junta en términos imperativos, nosotros tenemos que defender el interés de la ciudad y de los malagueños con todos los instrumentos políticos y jurídicos".

"En Málaga nadie entendería que los malagueños tuvieran que pagar el tema del metro y, sin embargo, los sevillanos no, y que eso fuera aplaudido, comprendido, estimulado y ocultado desde la Junta de Andalucía", manifestó el regidor del PP.

En este punto, criticó que "nosotros hemos puesto sobre la mesa obras igual que puso Sevilla; la propia Junta se puso al servicio del Ayuntamiento sevillano para buscar una salida y evitar que tuviera que aportar recursos, y en nuestro caso no se pone a trabajar para ello, sino más bien a dificultar el tema".

Respecto a la argumentación planteada por el Consistorio en su recurso judicial, De la Torre señaló que del convenio del metro de 2003 el compromiso que se deriva para la Comunidad y para el Ayuntamiento de Málaga, al igual que para el de Sevilla, era de aportación de recursos mientras el Estado ponía los suyos.

Sin embargo, "en 2005 la Junta cerró con el Gobierno un acuerdo, lesivo —a su juicio— para el Consistorio", al prolongar en el tiempo ese pago, en lugar de fijarlo a la duración de la obra. Por tanto, considera "muy sólido" el argumento municipal.