El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha pedido este miércoles al Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) que se ponga en contacto con el Gobierno de Mariano Rajoy para asegurarse de que las medidas anunciadas por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la práctica del 'bunkering' (el avituallamiento de combustible a buques en mar abierto) no conllevarán ningún perjuicio para la Ciudad Autónoma, cuya Autoridad Portuaria lleva años apostando por el desarrollo de esta actividad.

El 'bunkering', muy criticado por los ecologistas debido a los potenciales riesgos medioambientales que entraña, debe seguir pudiendo desarrollarse en Ceuta, según el PSOE, "siempre con las correspondientes medidas de seguridad para evitar cualquier contaminación".

"El Ministerio parece no haber tenido en cuenta la repercusión que las medidas anunciadas tendrían sobre la economía ceutí y por eso defendemos que se haga una salvedad con la ciudad autónoma, que el Gobierno local negocie que se atiendan nuestras peculiaridades", ha expuesto el socialista en declaraciones a los medios.

Para Carracao "no es lo mismo hablar de todo el litoral español que de sitios donde estratégica y económicamente pueda ser interesante el 'bunkering".

El diputado autonómico no ha evitado aludir también a que una decisión del Ministerio de Medio Ambiente contra el abastecimiento de combustible a barcos en el mar pueda ser "positiva" para las actividades en tierra de 'Ducar', una petrolera ligada "familiarmente" a Arias Cañete, "que la presidió hasta 2009", y que según su versión no hace 'bunkering' .

El Gobierno central piensa endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes en la Zona de Especial Protección (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras próximas a Gibraltar, donde numerosos buques realizan 'bunkering'.

En esa ZEC, aprobada por el Gobierno en noviembre pasado, está prohibido el suministro de combustible a otros buques, y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques que ejerzan como 'gasolineras flotantes'.

Desde 2008 hasta el año pasado el Puerto de Ceuta ha multiplicado las escalas de buques para abastecerse de gasolina en el agua, pasando de 1.600 a más de 6.000.