El Defensor del Pueblo Andaluz he pedido en una de sus resoluciones al Ayuntamiento de la localidad sevillana de La Algaba, gobernado por Diego Manuel Agüera (PSOE), que ordene a un bar del municipio a que resuelva las deficiencias sanitarias que denunció el pasado año un vecino del local, quien padece una enfermedad a la que perjudican tales afecciones.

En una resolución del Defensor del Pueblo, a la que ha tenido acceso Europa Press, este departamento expone que un vecino de la localidad de La Algaba denunció en 2012 "los elevados niveles de ruido, humos y olores" que, según él, venía sufriendo procedentes de la cocina de este establecimiento de restauración.

Así, el Defensor del Pueblo pidió al Ayuntamiento un informe sobre la situación de dicho bar, el cual le fue remitido el 15 de julio de 2012, en el que se recogía que se había notificado al titular de la actividad denunciada que en el plazo de un mes tenía que justificar el cumplimiento de lo requerido en un informe sanitario, advirtiendo de que, en caso de no hacerlo, se tomarían las medidas legales oportunas.

En vista de esta información, la institución requirió un informe complementario al Ayuntamiento con objeto de conocer si, transcurrido el plazo concedido por el Consistorio, el titular del establecimiento objeto de la queja había cumplido lo requerido por la Junta de Gobierno Local. Asimismo, para el supuesto en que tal cumplimiento no se hubiese producido, que se informara sobre las medidas adoptadas.

"no hay un conducto de evacuación de humos"

El 27 de noviembre de 2012, el nuevo informe sanitario realtivo al bar recogía que estaba atornillada la malla mosquitera colocada en la ventana de la cocina de dicho bar y que esta permanecía cerrada cuando se estaba cocinando alimentos. Además, "no se ha colocado el conducto de evacuación de humos y gases que debe conducirlos a una altura de dos metros por encima del alero de la edificación".

Por su parte, la persona que recibió la inspección señaló que el administrador de la empresa manifestó que poseía los metros de tubo y la maquinaria correspondiente para su instalación, pero que necesitaba las autorizaciones correspondientes por parte del Ayuntamiento y de todos los vecinos de la comunidad del edificio.

No hay respuesta por la petición de un tercer informe

Tras recibir este segundo informe, el Defensor del pueblo volvió a requerir un tercero en diciembre de 2012, "con objeto de conocer las actuaciones que se hubieran desarrollado 'a posteriori' del acta de inspección sanitaria". Al no recibir respuesta, la institución volvió a pedirla el 27 de febrero y el 2 de abril de 2013, "sin que a la fecha del presente escrito hayamos recibido contestación de este Ayuntamiento".

Ante ello, el Defensor del Pueblo considera que ha quedado probado, por los informes de la inspección sanitarios, "que el bar que es objeto de la reclamación no ha instalado las medidas correctoras necesarias para evitar las afecciones negativas que se provocan en la vivienda del interesado".

"el ayuntamiento conoce la situación"

Asimismo, declara que el Ayuntamiento es "pleno conocedor" de los informes realizados por la inspección sanitaria y que, pese a ello, no ha adoptado las medidas legales para evitar esta situación, "que se ha prolongado excesivamente en el tiempo sin justificación alguna". En caso contrario, "no se nos ha informado de la adopción de tales medidas legales, tal y como requeríamos en la última petición de informe, que no ha sido atendida".

En este sentido, la institución recuerda que, según el acta de la inspección sanitaria del día 24 de octubre de 2012, se había verificado que estaba atornillando la malla mosquitera colocada en la ventana de la cocina de dicho bar y que esta permanecía cerrada cuando se estaban cocinando alimentos, así como que no se había colocado el conducto de evacuaciones de humos y gases que debía construirlo a una altura de 2 metros por encima del alero de la edificación.

Una queja de hace un año

Por último, el departamento institucional se ha dirigido al Ayuntamiento de La Algaba, al que ha manifestado que "no le parece de recibo que una queja que comenzó a tramitarse hace más de un año por la forma en que se está ejerciendo una actividad que afecta negativamente al derecho a la protección de la salud de un vecino, cuyas circunstancias han sido probadas por los informes de la inspección sanitaria, no haya llevado a ese Ayuntamiento a adoptar las medidas que procedan para evitar estos hechos, salvo que así se haya procedido, en cuyo caso no se nos ha informado al respecto".