Este viernes ha concluido, finalmente, el periodo de consultas de la negociación correspondiente al despido colectivo promovido por la sociedad mixta Mercasevilla, gestora del mercado central de abastos y participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, para extinguir 115 puestos de trabajo y externalizar otros 39 puestos de empleo, lo que adelgazará la plantilla hasta sólo 25 miembros. La negociación ha finalizado sin acuerdo y los trabajadores esperan ya las cartas de despido, toda vez que el Consistorio, como socio mayoritario de la empresa, sostiene que ha propuesto diversas ideas para "atenuar los efectos del despido y disminuir el número de puestos de trabajo a amortizar", acusando al comité de defender propuestas "insasumibles".

Estamos hablando del conflicto laboral que sacude a la sociedad gestora del mercado central de abastos, participada por el Ayuntamiento hispalense y la empresa estatal Mercasa, a cuenta de la dura reestructuración destinada a reducir a unas 25 personas la plantilla directa de la compañía. La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.

El papel de la unión europea

En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.

Sea como sea, en los últimos meses el Consistorio hispalense ha tramitado y aprobado definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla que liberaliza los servicios que los trabajadores de la empresa prestan en la lonja de pescado, extremo que entrará en vigor el 11 de agosto y que abrirá las labores de carga y descarga y facturación del género a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas.

Dinero para las indemnizaciones

En paralelo, Mercasevilla ha promovido una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aporta 3.086.154 euros a esta ampliación de capital gracias a una modificación presupuestaria aprobada ya por el pleno.

Pues bien, la comisión negociadora constituida para negociar los términos de esta reestructuración laboral ha finalizado este viernes su última sesión sin acuerdo alguno, según corrobora un comunicado oficial del Ayuntamiento de Sevilla. En ese comunicado, el Ayuntamiento defiende que la dirección de la empresa, liderada por Manuel Blanco, "siempre ha realizado distintas propuestas de soluciones para atenuar los efectos del despido y, sobre todo, para disminuir el número de puestos de trabajo a amortizar".

Acusaciones al comité

"El comité de empresa no ha realizado propuesta alguna hasta el día de ayer y únicamente ha insistido en que se mantengan todos los servicios de la empresa como públicos y que sigan todos los empleados actuales acogidos bajo el paraguas protector", señala el comunicado del Ayuntamiento. Según el Consistorio, el día previo al cierre de la negociación, el comité de empresa "ofreció una reducción de la jornada de todo el personal a 30 horas, a cambio de mantener a toda la plantilla".

"Dicha reducción, sin embargo, no es suficiente para remediar el déficit de explotación de cuatro millones de euros, ya que apenas supondría un ahorro de 1,2 millones de euros y además produciría merma de la fuerza de trabajo y quebranto en la prestación y calidad de los servicios, sin llevar aparejada la desaparición de la situación de desequilibrio. Para que esto sucediese, y tuviese sentido la reducción de jornada y salarios, debería existir demanda de los servicios, cosa que no concurre por parte de los mayoristas, pues la dirección de la empresa comunicó por escrito a éstos, tanto de forma individual como colectiva, un nuevo recálculo de las tarifas (el tercero durante el periodo de consultas) que implica una nueva mejora sobre el planteado en ocasiones anteriores".

Las posibles contrataciones de los mayoristas

"La empresa ha intentado mantener la actividad y el empleo, pero la respuesta ha sido negativa. El comité rechazó una vez más reunirse con los mayoristas de pescado pese al interés mostrado por los mismos en colaborar en el plan de recolocación de unos 40 empleados", señala el Ayuntamiento, toda vez que, en efecto, los mayoristas de pescado se han ofrecido a contratar a aproximadamente 40 de los afectados, pero obviamente en condiciones ajenas al convenio colectivo de Mercasevilla.

El Ayuntamiento insiste en que el comité de empresa "no aceptó las propuestas de la empresa para realizar reducciones de costes salariales en los servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento, que hubieran permitido mantener todos los puestos de trabajo de esos servicios, incluso quedando en la empresa algunos de estos empleados" y "rechazó una mejora de la indemnización ofrecida por la empresa, pasando de 20 a 25 días por año trabajado, condicionada a que el empleado, vinculado a un plan de recolocación, no obtenga un puesto de trabajo en el plazo de seis meses".

Los ere de 2003 Y 2007

Por el contrario, y según el Ayuntamiento, "el comité insistió en solicitar indemnizaciones de 45 días por año de servicio e igualmente propuso un plan de prejubilaciones para los mayores de 52 años, con un porcentaje del 90 por ciento del salario neto. Esta propuesta es inasumible por la empresa, pues hay que recordar las terribles consecuencias que los dos expediente de regulación de empleo (ERE) pactados con anterioridad en 2003 y 2007 han tenido para el erario público, siendo cuantificable en 15 millones de euros, de los cuales el 20 por ciento eran para comisiones a los intermediarios. Sólo el de 2007 está costando a la empresa más de 700.000 euros anuales y un total de 7.800.000 euros deducidas las comisiones, agravándose de este modo el déficit financiero de la empresa".

El concejal delegado de Economía y Empleo y presidente de Mercasevilla, Gregorio Serrano, ha lamentado así el desenlace del periodo de consultas. "Lamentablemente, no hemos podido llegar a un acuerdo con el comité de empresa, hemos intentado negociar de buena fe y hemos ofrecido acuerdos satisfactorios para los trabajadores, pero el devenir de las negociaciones no ha permitido el entendimiento. Lo único que queremos es que la ley prevalezca en Mercasevilla y que no se vuelvan a repetir los escándalos de corrupción, el mal gobierno y la indecencia que ha presidido el acontecer de esta empresa pública durante tantos años", ha finalizado Serrano.