El presidente catalán, Artur Mas, ha afirmado este miércoles que ni él personalmente ni su partido, CDC, nunca nadie "se ha escondido ni se esconderá" a la hora de dar explicaciones por el caso Palau, así como a la hora de tomar "decisiones incluso dolorosas" durante la tramitación judicial del expolio del Palau de la Música.

El presidente de la Generalitat comparece esta mañana en la comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana para dar explicaciones sobre la presunta financiación irregular de CDC, que tiene la sede embargada. Según el juez, Convergència cobró 5,1 millones de euros en comisiones de Ferrovial, a cambio de adjudicaciones de obras públicas, que se disfrazaban en forma de patrocinios al Palau de la Música.

La comparecencia de Mas, rodeado de buena parte del Govern, ha arrancado con polémica por la petición sin éxito de ICV a la Mesa de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para que hubiese "flexibilidad" en las intervenciones de diez minutos por parte de los grupos, tras lo cual Mas ha iniciado su discurso defendiendo que CDC y él mismo han dado explicaciones "desde el principio" en los cuatro años que dura el caso Palau.

En cualquier caso, Mas ha asegurado que el partido devolverá "hasta el último céntimo de euro" si se demuestra finaciación irregular a través del Palau de la Música. De ser así, también depurará responsabilidades. "Pero estoy convencido de que no pasará", ha añadido el presidente de la Generalitat, que ha recordado que su formación "ha asumido decisiones siempre que ha sido necesario" y lo seguirá haciendo en el futuro.

De convertirse los indicios en hechos probados, el partido tomará las decisiones oportunas pero ha asegurado que ahora no puede depurar responsabilidades políticas porque, a día de hoy, no hay ningún cargo del partido ni del gobierno de la Generalitat imputado.

Además, ha recordado que, siendo secretario general de CDC, aceptó la dimisión del imputado Daniel Osàcar, que era responsable de finanzas del partido, y ordenó que se devolvieran 630.000 euros de convenios entre la fundación de CDC, —en ese tiempo llamada Trias Farga y actualmente bajo el nombre CatDem—, y el Palau de la Música, pese a que, según ha dicho, eran fondos legales.

En ese sentido, ha recordado que ningún organismo ha cuestionado los procesos de adjudicación a Ferrovial —empresa que presuntamente pagó comisiones ilegales a CDC—, por lo que Mas ha concluido que "si se adjudicaron correctamente es que no hubo trato de favor".

Por otro lado y sin querer negar la "gravedad de los hechos", el presidente catalán ha pedido al Parlament que prevalezcan dos principios, el de igualdad de trato de acusación y defensa hasta que haya sentencia y el de la presunción de inocencia.

Mas ha delimitado las posibles responsabilidades del 'caso Palau' a los directores financieros de CDC, puesto que estos han tenido siempre "plenos poderes" dentro del partido, sin la obligación de consultar nada a la dirección política. Sin embargo, se fía "al cien por cien" de ellos.

A preguntas de la oposición sobre sus relaciones con los extesoreros y con el exresponsable del Palau, Mas ha negado que haya acudido a una reunión conjunta con Carles Torrent, Daniel Osàcar y Fèlix Millet. No obstante, ha admitido que en alguna ocasión se vio a solas con Fèlix Millet, incluso en Menorca, donde el saqueador confeso del Palau veraneaba, sin concretar si esos encuentros ocurrieron antes o después de estallar el 'caso Palau', aunque ha subrayado que nunca habló con él de los asuntos financieros de CDC.

El presidente catalán ha dedicado parte de su intervención inicial a defender las medidas que su ejecutivo está aplicando para mejorar el control en la adjudicación de obra pública, aunque ha subrayado que en la "macroauditoría" que hizo el gobierno tripartito del president Pasqual Maragall a raíz de la polémica por presuntas comisiones ilegales del 3%  "no se encontró nada".

En las agendas del expresidente del Palau, Fèlix Millet y de Gemma Montull —exresponsable de las finanzas de la institución e hija del también imputado, Jordi Montull— se hallaron apuntes de reuniones periódicas entre Millet, el exdiputado de CDC Jaume Camps, el extesorero del partido ya fallecido Carles Torrent, y del representante de Ferrovial Pedro Buenaventura, según el auto.

En ordenadores del Palau se encontraron documentos con el nombre 'Torrent' referidos a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona "en el que consta el cálculo de una comisión del 4% sobre la participación de Ferrovial, comisión que se distribuye en un 3,5% para CDC y un 0,5 para Millet y Montull".

Otro documento tenía el epígrafe 'Entregado al Sr. Carles Torrent' y un calendario de pagos de 2002 y 2003; un tercero llamado 'Quadre Ferrovial 29 de abril' recogía pagos entre 2003 y 2008 al también extesorero de CDC Daniel Osàcar y un cuadro de cobros a Ferrovial.

También hallaron dos carpetas en antiguas dependencias del Palau: una con el nombre de Esteve Escuer y otra con el de Jaume Camps "con anotaciones que de manera razonable cabe sospechar referidas a comisiones por obra pública", y documentación sobre concursos públicos a los que Ferrovial concurría en enero y febrero de 2003, entre otros indicios.

CDC no vio indicios suficientes para acusar al partido, ni tampoco los vio Ferrovial, que en otro comunicado aseguró que todas las adjudicaciones se hicieron con procesos legales.

No es lo que cree el juez, que sostiene que Ferrovial abonaba por regla general una comisión del 4% del importe de la obra adjudicada, del que un 2,5% se asignaba a CDC y el 1,5% restante a Millet y Montull por su intermediación (se lo repartían con el 80 y 20% respectivamente).

El presunto desvío de fondos a CDC forma parte del "verdadero expolio" que Millet protagonizó en el Palau de 2003 a 2009, aprovechándose de su poder absoluto en la institución y de la dejación de funciones de control de los órganos que tenían que controlarlo, y que el juez ha cifrado en unos 26 millones de euros.

"Se dedicó a un verdadero expolio de los fondos de las tres entidades, aplicándolos al pago de gastos particulares y privados, apoderándose directamente de los fondos, o destinándolos a pagos a terceros no relacionados con finalidades de ninguna de las entidades", dice el juez.