La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha trasladado al ministerio fiscal la denuncia que presentó la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana contra el conseller de Gobernación y Justicia y diputado 'popular' en las Corts, Serafín Castellano, en relación con unas adjudicaciones a la empresa Taroncher, para que se pronuncie sobre la competencia para estudiarla.

Así consta en una providencia, facilitada por el tribunal valenciano, cuyo objetivo es que se pueda determinar el órgano competente para el conocimiento de la querella presentada el pasado 14 de junio contra Castellano, también secretario general del PPCV.

Al respecto, la Sala acuerda dar audiencia a Fiscalía sobre la cuestión de la competencia en un plazo de cinco días, atendiendo al carácter excepcional atribuido a las normas procesales que regulan la prerrogativa de aforamiento y a la necesidad de concreción de los hechos respecto de las personas aforadas, en concreto, de Castellano.

En este mismo escrito, el tribunal recuerda que en la querella figuran, además de Castellano, la mujer de éste; el empresario José Miguel Taroncher; y la esposa de este último; por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función.

En concreto, esta querella hace referencia a la existencia de unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas por Castellano —desde los distintos departamentos por los que ha pasado en la Administración valenciana— a Construcciones Taroncher.

Hace aproximadamente 15 días, el TSJCV ya pidió a las Corts Valencianes que acreditase el aforamiento del diputado 'popular', un trámite que exige la ley, previo a cualquier valoración sobre la admisión a trámite de la querella interpuesta. Se trataba de un trámite meramente procedimental.