Abogados personados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares han elevado este jueves su queja por las preguntas "capciosas" y el interrogatorio "inquisitorial" y "preconstitucional" de la juez Mercedes Alaya al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien en su comparecencia ha defendido en todo el momento la legalidad del procedimiento de las transferencias de financiación y que no realizó informe de actuación porque no apreció un menoscabo de los fondos públicos, tal y como defendió ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz.

José María Mohedano, abogado de los ex directores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano —éste último actual viceconsejero de Presidencia—, ha atendido a los medios de comunicación para mostrar su protesta, la cual ha hecho constar por escrito en el acta de la declaración, por el hecho de que la juez no le haya dejado asistir a la declaración como abogado defensor de los dos imputados y sólo haya aceptado que represente a uno de ellos.

También ha protestado, asimismo, por el hecho de que la juez Mercedes Alaya haya declarado "impertinente" una de sus preguntas al ex interventor alegando que esa misma pregunta ya se había hecho anteriormente, cuando, según ha aseverado el abogado, "no se había hecho".

El abogado, en este sentido, ha instado a que se graben las declaraciones del caso ERE a fin de "evitar las cosas que suceden en este interrogatorio, más propias de una juez inquisitorial y preconstitucional que de una juez constitucional", pues Alaya está llevando a cabo un interrogatorio "que cercena la espontaneidad" del imputado "con permanentes interrupciones, desmentidos y reconvenciones".

"Le está interrumpiendo sistemáticamente y cuando dice algo que no le gusta lo intenta de otra manera", ha criticado Mohedano, quien ha informado de que todo ello ha llevado a que el ex interventor, en determinados momentos de la declaración, haya dicho frases como "no me deja acabar las contestaciones", "no me deja usted contestar, señoría", "yo no sé ni lo que estoy contestando" o "las preguntas son demasiado largas y no me acuerdo del principio".

El abogado también se ha quejado por el hecho de que la comparecencia haya comenzado con una hora y 45 minutos de retraso y también por el hecho de que la juez ordene a la Guardia Civil que retire los teléfonos móviles a todos los letrados presentes en la comparecencia, lo que "me parece una falta de dignidad", así como porque no se notifique la imputación concreta hasta que el encartado no acude a la declaración.

De igual modo, ha anunciado que ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial la imputación de sus dos patrocinados, lo que hizo el día 18, a pesar de lo cual el recurso "no ha sido ni siquiera proveído".

Sobre la declaración en sí del ex interventor, Mohedano ha dicho que se trata "de una discusión administrativo-presupuestaria sin relevancia penal" en la que el imputado ha dejado claro que el procedimiento era legal.

Fuentes del caso, de otro lado, han querido subrayar que el ex interventor ha negado que hubiera recibido presiones políticas para no realizar un informe de actuación con las irregularidades detectadas, que no elevó porque no apreció un menoscabo de fondos públicos.