El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado que la Junta está "absolutamente tranquila" de cara a la declaración judicial que prestará este miércoles el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) porque confía en que "diga la verdad" y se ratifique en lo que ya declaró ante la comisión de investigación creada en el Parlamento, en relación a que "nadie de la Intervención General percibió menoscabo de fondos públicos".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha asegurado que el Gobierno andaluz está "deseando" que el exinterventor comparezca "y deje muchas cosas claras para que, algunos como el PP, dejen de usar medias verdades e insidias que hacen mucho daño a personas honestas, íntegras y honradas", y que nada tienen que ver con aquellos que se han "aprovechado" de las arcas públicas.

"Confiamos en que el exinterventor, que ya declaró bajo juramento en el Parlamento y que no es cuestión menor, ratifique que nadie detectó menoscabo de fondos públicos, que nunca llegaron peticiones de Intervención a la Consejería de Hacienda, sino a Empleo y que todas las modificaciones presupuestarias que se hicieron tenían la firma de la Intervención General de la Junta", ha apuntado.

No obstante, el dirigente andaluz ha destacado que el Gobierno andaluz entendía que la declaración del exinterventor general no debía producirse estando pendiente un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla presentado por la Junta ante el auto de la juez Mercedes Alaya del pasado 28 de junio, en el que imputaba a más de 20 altos y exaltos cargos de la Administración andaluza.

"La juez Alaya ha decidido en su último auto que no debe aplazar la citación y nosotros somos respetuosos con la decisión", ha afirmado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha recordado que el juez que instruye el caso Noos sí que decidió "acertadamente" aplazar la comparecencia de la Infanta Cristina mientras se resolvía un recurso planteado.

Preguntado sobre si el Gobierno andaluz pagará la defensa de los altos cargos y exaltos cargos imputados, Vázquez ha reiterado que es un asunto que está sobre la mesa, que no compete al ámbito político, y sobre el que se decidirá en su momento en función de la autonomía que tiene el servicio jurídico de la Junta. Si bien, ha recordado que la consejera de Presidencia, Susana Díaz, ya anunció que la Junta sólo pagaría la defensa de aquellas personas que resulten inocentes en el procedimiento.

La junta no se considera "juez y parte"

En lo que se refiere al último auto en el que, además de mantener la citación del exinterventor general de la Junta, también critica la actitud "más propia de una defensa" de la Administración andaluza, Vázquez ha dicho que el Gobierno "disiente" sobre su contenido, aunque lo respeta, y que la Junta no se considera "juez y parte", sino que actúa como acusación particular porque lo que quiere es un "procedimiento garantista".

"Un procedimiento que permita llegar al final de la instrucción, que paguen los culpables y recuperar el dinero defraudado", ha manifestado Vázquez, quien ha explicado que la Junta decidió recurrir el auto de la juez Alaya ante la posibilidad de pudiera haber "vicios de nulidad". "La Junta y su gabinete jurídico, como acusación particular, van a estar vigilantes porque sería la principal perjudicada si alguna de las partes implicadas pudieran pedir y conseguir la nulidad del mismo", ha añadido.

Celeridad "con seguridad jurídica"

Sobre otras consideraciones de este último auto de la juez, el portavoz ha querido dejar claro que la Junta siempre ha planteado celeridad en la instrucción, "pero celeridad con seguridad jurídica". Y es que, en su opinión, "es mejor pararse un minuto para dar un paso firme y seguro que tomar una carrera que no sabemos dónde nos pueda llevar".

En esta línea, ha considerado que una reflexión en torno al auto en la Audiencia Provincial, "cuando se acumulan más de tres años de instrucción, no parece que sea perder mucho tiempo". "No sea que por mucho correr se produzca la nulidad del proceso", ha avisado el portavoz del Gobierno andaluz.

De igual modo, ha indicado que el último auto se sugiere la posibilidad de que la Junta hubiera planteado un recurso de reforma para haber fundamentado mejor la imputación de una serie de altos cargos y exaltos cargos de la Junta. Esto demuestra, a juicio de Vázquez, que se le da la razón al recurso de la Junta, "sobre que hemos recurrido porque vemos poca fundamentación jurídica".

Otro de los aspectos de este auto que el portavoz del Gobierno andaluz ha mencionado, es que reconoce por "primera vez" y de manera "clara y nítida" que las transferencias de financiación son un instrumento "perfectamente legal". "La duda se plantea sobre si la documentación anexa o la memoria del presupuesto forma o no parte del estado de gasto de ese presupuesto", ha añadido.

En su opinión, ello supone que se trataría de un asunto que no es de índole penal, sino más propio de un debate "profundo" de catedráticos y expertos del derecho administrativo y financiero. "Les garantizo con el presupuesto en la mano, si uno tiene el ingreso de gasto y no tiene en la otra mano la memoria justificativa de la cantidad que se incorpora en el estado de gasto, no sabe ejecutar el presupuesto", ha concluido.