El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), organismo asesor de la Generalitat, cuestiona algunas concesiones del gobierno catalán a los promotores de BCN World, como el visto bueno a permitir jugar a crédito a los jugadores en sus casinos, porque ello "puede fomentar la ludopatía".

Este organismo ha emitido un dictamen, de carácter no vinculante, en el que también echa en falta "precisar más las garantías para preservar los derechos e intereses de los menores" y propone que los espacios destinados al juego estén "aislados del resto de usos", que no tengan "visibilidad exterior" y que cuenten con "mecanismos de control de acceso".

Y todo ello a pesar de que el Govern rectificó recientemente el anteproyecto de ley vinculado a este macrocomplejo de ocio con el fin de vetar a los niños, adolescentes y discapacitados en los espacios de juego.

Asimismo, el CTESC considera que las concesiones fiscales impulsadas por el Govern a los promotores de BCN World suponen un "agravio comparativo" y "competencia desleal" respecto a otros operadores de juego en Cataluña, e incluso censura la técnica jurídica elegida por el Govern para encajar el proyecto, que ve "poco adecuada".

El CTESC, organismo que se dedica a asesorar al Govern en materia socioeconómica, laboral y ocupacional, y está formado por representantes de los sindicatos, de las patronales o bien por expertos, cuestiona la decisión del Govern de reformar la ley aprobada para regular el complejo de Port Aventura -la de 1989, sobre centros recreativos turísticos- para introducir un contenido no previsto entonces, el juego.

Este ente, presidido por el exconseller Josep Maria Rañé, considera que la admisión de las actividades de juego y apuestas en el ámbito del Centro Recreativo Turístico de Vila-Seca y Salou supone un "cambio esencial" del modelo turístico de carácter recreativo y de ocio familiar implantado. Por ello, llama al Govern a especificar en la ley, para no llamar "a equívocos", que el tipo de oferta que se ofrece es la de un "centro recreativo y de ocio".

Entre las críticas del CTESC al proyecto, destaca la autorización del Govern a los operadores de casinos y otros establecimientos de juego a ofrecer "operaciones de crédito a los jugadores", algo "prohibido por la legislación estatal y por la catalana" que entiende que puede fomentar la ludopatía y "ser perjudicial para personas con patologías vinculadas al juego", por lo que pide que se suprima el artículo que hace referencia a ello.

A pesar de su carácter no vinculante, el CTESC pide al Govern que "sea receptivo" a sus recomendaciones y cree que no está suficientemente justificado el impacto que tendrá la reducción -tanto de la base imponible como de los tipos tributarios- sobre la recaudación de los tributos sobre el juego en su modalidad sobre casinos, ya que el Govern los ha rebajado a un 10 %.

Pero sobre todo, el CTESC censura una concesión del Govern a BCN World: que en el caso de bingos o máquinas tragaperras del complejo la base imponible se calcule "mediante el importe de los ingresos derivados del juego, descontada la cantidad dedicada a premios, y no en cambio el ingreso total", además de no exigir las tasas respectivas".

Además, el CTESC critica que el anteproyecto de ley faculte a un plan director urbanístico para modificar la propia ley, lo que entiende que "vulnera el principio de jerarquía normativa". En este punto, el CTESC considera que el plan director podría modificar la ley "sin el correspondiente trámite parlamentario y debate político", por lo que pide revisar esa parte del anteproyecto.

Los promotores de BCN World, el macrocomplejo de ocio que impulsa el empresario Enrique Bañuelos, han captado de momento para el proyecto al operador de casinos Melco, que se ha comprometido a instalar allí un casino, al grupo hotelero Melià y a Value Retail, propietario de los 'outlet' Las Rozas y La Roca Village.