Según informó hoy la DGT, la Guardia Civil de Tráfico ha realizado 295.084 pruebas de alcoholemia en esos 14 días, lo que supone 21.000 diarias, de las cuales un 1,10% -3.256 pruebas- dieron resultado positivo.
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han efectuado pruebas en más de 800 puntos de control distribuidos por las carreteras españolas de más intensidad de circulación.
Las pruebas no solo se han practicado en horario nocturno, sino también en horas diurnas para que los controles resultasen disuasorios de ingestión de bebidas alcohólicas durante las comidas.
Descenso de positivos con respecto a 2005
Con respecto a la campaña de control de alcoholemia realizada en diciembre del 2005 -durante todo el año se denunció a más de 84.000 conductores- se observa un descenso en el número de resultados positivos, ya que se practicaron 256.511 pruebas, de las que 3.877 sobrepasaron las tasas de alcohol permitidas, pasando de un 1,51% a un 1,10%.
En diciembre de 2004 se practicaron 233.367, de las cuales un 1,56% -3.654 pruebas- dieron resultado positivo.
Infracción muy grave
La Ley de Seguridad Vial tipifica como infracción muy grave la conducción de vehículos tras el consumo de bebidas alcohólicas con tasas superiores a las permitidas, sancionada con multa de 302 a 602 euros y la suspensión del permiso para conducir por un periodo de hasta tres meses.
El nuevo permiso de conducir por puntos fija en 6 y 4 puntos las pérdidas por este tipo de infracciones.
También se penaliza con la pérdida de 6 puntos el incumplimiento de la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia.
El Código Penal establece la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, en su caso, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años para aquellos que conduzcan bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.
Asimismo, el que condujere un vehículo y en concreto pusiera en peligro la vida o la integridad de las personas, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos por tiempo superior a uno y hasta seis años.
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