La ponencia de la Ley de Transparencia decidirá este jueves si, como parece previsible, el debate de esta norma en la Comisión Constitucional, que se había programado en principio para el próximo 23 de julio se aplaza al final de mes o se deja definitivamente para septiembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La tramitación en ponencia de la Ley de Transparencia arrancó la pasada semana de forma accidentada, puesto que, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto, representado por Amaiur y Coalición Canaria, decidieron ausentarse de la primera reunión porque no consideraban coherente hablar de transparencia mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se negara a comparecer en el Congreso para dar cuenta del 'caso Bárcenas'.

Esta decisión llevó a los ponentes de CiU y PNV a abandonar también la ponencia porque, a su juicio, la ausencia de tres grupos parlamentarios hacía imposible alcanzar el consenso con el que creen que debe nacer tan trascendente texto legislativo.

Así las cosas, en las dos sesiones de ponencia que se han celebrado han trabajado en solitario el PP y UPyD, porque si bien CiU y PNV volvieron a la segunda cita, optaron por desmarcarse de nuevo tras comprobar que PSOE, Izquierda Plural y Mixto se mantenían en su negativa a acudir mientras no comparezca Rajoy.

Este jueves,

Tercera reunión de ponencia

Para este jueves está convocada la tercera reunión de la ponencia en el Congreso. Fuentes nacionalistas han informado a Europa Press de que tanto CiU como el PNV van a acudir pero que, en coherencia con la actitud que han mantenido hasta ahora, volverán a salirse cuando constaten que PSOE, Izquierda Plural y Mixto siguen sin sumarse.

Estas tres formaciones sí están dispuestas, en principio a debatir en la Comisión Constitucional cuando ésta se convoque oficialmente, aunque tanto PSOE, IU-ICV-CHA, y el Mixto como CiU y PNV, asumen que ahora no hay clima para llegar a ningún acuerdo en esta materia.

El Gobierno siempre ha defendido que la Ley de Transparencia debería contar con el máximo consenso posible y ha evidenciado su deseo de pactarla al menos con el PSOE y los nacionalistas. De hecho, muchas de las enmiendas que han debatido en ponencia con UPyD coincidían con las planteadas por esos grupos o tenían su respaldo tácito.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, hizo un llamamiento directo a PSOE, Izquierda Plural y Mixto para que volvieran a la ponencia la semana pasada, incidiendo en la conveniencia de recuperar ese incipiente consenso, al menos en los temas que afectan a la transparencia en sentido estricto y no tanto en los relativos al buen gobierno, donde el PP mantiene importantes diferencias con el resto de grupos.

EL '

Caso bárcenas'

Dificulta el consenso

Pero la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo se ha tornado aún más remota después de que el PSOE haya amenazado al Gobierno con presentar una moción de censura contra Rajoy si mantiene su negativa a rendir cuentas en sede parlamentaria por el 'caso Bárcenas'.

Se da la circunstancia de que en principio el debate en la Comisión Constitucional se había fijado para el día 23 de julio, la víspera de la reunión de la Diputación Permanente en la que la oposición va a volver a demandar que Rajoy acuda al Congreso. Si el PP vota de nuevo en contra de convocar un Pleno monográfico para que el presidente se explique, el PSOE dará vía libre a la moción de censura.

Dado que, de consumarse la amenaza del PSOE, el debate de la moción de censura podría convocarse a finales de mes, los grupos están barajando fijar la reunión de la comisión para el día 30 de julio o incluso dejarla ya para septiembre, cuando se cumplirá un año de la llegada del proyecto a la Cámara Baja.

La previsión inicial era que tras la aprobación por la Comisión Constitucional este mes, la ley se debatiera de nuevo en el Pleno del Congreso la segunda semana de septiembre para su remisión al Senado, plazos que evidentemente no podrán cumplirse si al final el debate en comisión se aplaza a después del verano hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones.

Entrará en vigor un año después de aprobarse

Sea como fuere, el propio proyecto de ley prevé que los capítulos relativos a la transparencia activa por parte de las administraciones públicas y las demás entidades afectadas como los que regulan el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, no entren en vigor hasta un año después de la aprobación de la ley.

Este periodo de carencia se ha fijado, entre otras cosas, para dar tiempo a la puesta en marcha del Portal de la Transparencia que gestionará todo el procedimiento para publicar los documentos que tendrán que dar a conocer los organismos públicos afectados por la ley.