El Valedor do Pobo sostiene que la devolución del tax lease "aleja a la ciudadanía de la UE" e intentará impugnarla

El valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández Rodríguez, sostiene que la devolución del 'tax lease' desde 2007 a 2011, que ha confirmado este miércoles la Comisión Europea, "aleja a la ciudadanía de la Unión Europea" (UE) porque "incumple el principio de buena administración". Asimismo, ha adelantado que "ejercerá todas las medidas de presión que tiene a su alcance para su impugnación".
José Julio Fernández Rodríguez
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EUROPA PRESS
José Julio Fernández Rodríguez

El valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández Rodríguez, sostiene que la devolución del 'tax lease' desde 2007 a 2011, que ha confirmado este miércoles la Comisión Europea, "aleja a la ciudadanía de la Unión Europea" (UE) porque "incumple el principio de buena administración". Asimismo, ha adelantado que "ejercerá todas las medidas de presión que tiene a su alcance para su impugnación".

A pesar de que la Comisión Europea ha decidido no reclamar el reembolso de las subvenciones concedidas entre 2002 y abril de 2007, el alto comisionado parlamentario considera que esto es "insuficiente" y que pone "en peligro" al naval gallego, un "sector clave", según insiste, de la economía de la comunidad.

De esta forma, el Valedor do Pobo, junto con su homólogo vasco, ha pedido al defensor europeo que tramite "con urgencia" la queja presentada el pasado 12 de julio, con respecto a las exigencias de Bruselas para devolver el 'tax lease'.

A este respecto, el jefe de registro del defensor europeo, Peter Bonnor, ha indicado que primero es preciso examinar la reclamación "para ver si está dentro del ámbito de las competencias de la institución".

Por su parte, el Valedor do Pobo ha hecho hincapié en "las miles de familias gallegas" que dependen de esta decisión para su "supervivencia" y, por tanto, ha reclamado al Defensor del Pueblo Europeo que inicie una investigación de cara a poder dirimir "la posible vulneración de los principios de buena administración" por parte de la Comisión Europea al cumplir el derecho comunitario sobre competencia.

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