La Unión Federal de Policía (U.F.P.) ha salido en defensa del colectivo policial tras la polémica suscitada la semana pasada por la intervención policial en el Polígono de Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha expresado U.F.P. en un comunicado, los hechos ocurridos en el barrio palmense "se han magnificado y engrandecido con lo que realmente sucedió".

La organización sindical ha manifestado que "el problema se originó cuando un ciudadano no acató las indicaciones que el policía encargado del control le espetó, llegando incluso a golpear con el ciclomotor al funcionario policial".

Asimismo, el comunicado continúa haciendo referencia a que el ordenamiento jurídico "faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a hacer uso de la fuerza mínima necesaria para su detención, incluso al empleo de las armas de fuego cuando vean peligrar su integridad física y la de terceras personas bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad".

De este modo, se explica que los agentes policiales fueron rodeados por los vecinos, "quienes llegaron a tripicarlos en número y que comenzaron a tirarles piedras desde distintas posiciones", situación que definen como "de riesgo".

Así, la nota expone que los agentes optaron por realizar "dos disparos al aire con munición detonadora para intentar disolver a la masa por el poder de impacto que posee el arma. Es uno de los últimos recursos antes de tomar medidas directas".

El sindicato policial se ha quejado de que han aumentado las agresiones a los funcionarios policiales, aunque la respuesta judicial a estas agresiones no se corresponde con la esperada por dicha organización sindical.

También ha expresado que, "como bien recoge el Código Penal, las indicaciones y órdenes emanadas de un Agente de la Autoridad tienen obligado cumplimiento" y que si en caso de "no estar de acuerdo con alguna de ellas o llegar a creer que se ha producido un abuso de poder en alguna actuación, el ordenamiento jurídico español faculta al ciudadano a interponer la correspondiente denuncia hacia los infractores, existiendo procedimientos de control de la labor policial que hacen innecesario que el ciudadano tenga que tomarse la Justicia por su mano."

Por último, la U.F.P. cierra la nota de prensa señalando que "hay que decir que lo que el Código Penal no recoge, o por lo menos este Comité Ejecutivo Provincial no lo ha localizado, es que se faculte al ciudadano a increpar, coaccionar, amenazar, resistir y agredir a los policías que cada día realizan su labor diaria en las calles de la ciudad, hecho que se producen en nuestra capital con cierta frecuencia".