Familias malagueñas beneficiarias del Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, suspendido de forma cautelar tras la presentación por parte del Gobierno de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), han dicho sentirse "indignadas" y han reclamado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "mire más por las personas de la calle, por unos segundos se ponga en nuestra situación y sea un poco más humilde".

"Un mazazo, un palo muy grande", es como uno de los beneficiarios, Rafael Morales, de 41 años, casado y con dos hijos de seis y 14 años, ha definido el recurso presentado por el Ejecutivo central. Más aún, ha mostrado su "indignación" porque "con tanta corrupción de la que se está hablando el Gobierno debería ser más humilde y, en vez de mirar por ellos, tendrían que hacerlo un poco más por los españoles".

De hecho, Morales, cuyos ingresos se reducen a la ayuda de 426 euros, que se le terminará el próximo mes de febrero, ha pedido al Gobierno que "se ponga en nuestro lugar porque somos familias trabajadoras, padres de familia con niños pequeños, no delincuentes". "Duele que nos intenten quitar la dignidad, que es lo poco que nos queda", ha admitido.

"Soy una persona que he estado trabajando toda mi vida, que he luchado para tener mi casa —situada en la calle Galera de la capital— y cuando nos dijeron que podíamos acogernos al decreto ley de la Junta fue un rayo de luz", ha declarado a Europa Press, añadiendo que su único objetivo era "tener un poco más de tiempo para intentar organizar mi vida y encontrar un trabajo más o menos estable que me permitiera irme con mi familia a un sitio que pueda pagar".

Según ha afirmado, "no saber dónde vamos a ir es un trauma para nosotros, pero sobre todo para mis hijos", ante lo que ha dejado claro que "no he robado la casa en la que vivimos, la compré en su momento porque cumplía los requisitos, pero la vida dio una vuelta inesperada y ahora el Gobierno, en vez de ayudar a personas como yo, un perjudicado porque la empresa en la que trabajaba empezó a ir mal y recortó personal, decide recurrir lo que para nosotros era un poco de esperanza; nosotros no tenemos culpa de esta crisis". Por ello, ha dicho no entender "por qué el Ejecutivo ayuda a los bancos y no a los trabajadores, que somos los que sacamos a España adelante".

"Vivimos en una incertidumbre constante porque qué pasará si el Tribunal Constitucional diera, finalmente, la razón al Gobierno y nos ponen en la calle", se ha preguntado Morales, quien ha reconocido no saber lo que haría: "se me parte el alma al pensar en ello". "Somos una familia muy unida y uno no va a un sitio si no van los otros tres también; yo no he luchado toda mi vida ni me casé para que mi mujer tenga que irse con un familiar, mis niños con otro y yo con otro y vivir separados", ha aseverado.

"paso atrás"

En los mismos términos se ha pronunciado otra de las beneficiarias del decreto andaluz, Ana María Gómez, divorciada y con dos hijos de cinco y 10 años a su cargo, quien ha tachado de "paso atrás" e "injusto" el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.

"Pasamos de tener una ilusión a venirnos abajo", ha lamentado Gómez, quien ha agregado a Europa Press que "llevo cinco años luchando para que ahora que he visto una luz, otra vez tenga que ir para atrás". "No lo veo justo", ha apostillado.

De hecho, Gómez, que trabaja dos horas al día como dependienta, por lo que gana 300 euros al mes, ha insistido en que si, finalmente, no puede acogerse al decreto ley de la Junta de Andalucía, "me veré en la calle porque literalmente no tengo dónde ir; mis niños no tienen dónde ir".

Según manifestó tras conocer la noticia de que se beneficiaba del decreto antidesahucios de la Administración andaluza, en los tres años en los que podría continuar en su piso, situado en el Camino de Suárez, "mi fe y mi esperanza eran que mi vida cambiara, tener trabajo y otra perspectiva de futuro".

Hasta el momento seis casos se habían beneficiado en Málaga del decreto aprobado por el Ejecutivo andaluz, que contempla expropiaciones temporales de viviendas. Los dos últimos fueron publicados, precisamente, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este pasado miércoles.