UPyD ve "bochornoso e incoherente" que la Junta "pague la defensa" de sus altos cargos imputados en el caso de los ERE

El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, ha manifestado este martes que considera "bochornoso e incoherente que la Junta pague la defensa de sus altos cargos imputados en el caso de los ERE fraudulentos a pesar de ejercer como acusación" después de que el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, haya manifestado que, de acuerdo con el reglamento de los Servicios Jurídicos de la Junta, los cargos imputados "podrán pedir el servicio o el pago de la defensa".

El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, ha manifestado este martes que considera "bochornoso e incoherente que la Junta pague la defensa de sus altos cargos imputados en el caso de los ERE fraudulentos a pesar de ejercer como acusación" después de que el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, haya manifestado que, de acuerdo con el reglamento de los Servicios Jurídicos de la Junta, los cargos imputados "podrán pedir el servicio o el pago de la defensa".

De la Herrán ha argumentado en un comunicado que los imputados en casos de corrupción contra la Administración pública "deberían dimitir o ser cesados por responsabilidad política y respeto a los ciudadanos". Por esta razón, ve "inadmisible que el viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, no sólo siga al frente de la Viceconsejería, sino que también los andaluces tengan que pagar su defensa en el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia". "Con este detalle ha vuelto a quedar claro que la acusación de la Junta ha consistido en una estrategia mediática", ha añadido.

Por otra parte, el coordinador territorial de UPyD en Andalucía ha exigido al Gobierno que actúe "con transparencia y aclare cuánto dinero va a costar a los andaluces este despropósito". Del mismo modo, ha reclamado a la Junta que "si verdaderamente" el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía garantiza la defensa judicial financiada con dinero público a cargos políticos imputados por delitos de corrupción contra la administración pública, "éste debe ser modificado de forma inmediata".

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