UPyD apoyará la modificación de la Ley de Función Pública para acotar la libre designación en el Principado

El diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes, ha anunciado este lunes que apoyará el anteproyecto del Gobierno asturiano para la modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública con el objetivo de acotar la libre designación en la Administración del Principado.
Ignacio Prendes (UPyD)
Ignacio Prendes (UPyD)
UPYD/EP
Ignacio Prendes (UPyD)

El diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes, ha anunciado este lunes que apoyará el anteproyecto del Gobierno asturiano para la modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública con el objetivo de acotar la libre designación en la Administración del Principado.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Prendes ha destacado que el borrador del texto recoge la esencia de la proposición de Ley que presentó UPyD en abril y que paralizó tras alcanzar un acuerdo para que fuese el Ejecutivo asturiano el que tomase la iniciativa.

Así, al conocer su contenido, desde UPyD consideran que el Gobierno del Principado ha cumplido con el compromiso adquirido de limitar y acotar los puestos de libre designación a un máximo de dos servicios directivos por dirección general, que tendrán que ser cubiertos por empleados públicos.

El resto de puestos tendrá que cubrirse de forma ordinaria por concurso atendiendo a criterios de mérito y capacidad, ha indicado Prendes, para quien esta reforma supone "un paso adelante importante" para mejorar y profesionalizar la función pública. Como excepciones mencionó, entre otras, a chóferes o puestos de secretaría de despacho.

Además, Ignacio Prendes ha hecho hincapié en la "indebida colonización" por parte del personal de libre designación desde la reforma normativa de 2010, a la que atribuye, en parte, algunos de los casos de irregularidades en el ámbito de la administración autonómica.

El diputado de UPyD cree que con la modificación se clarificará la diferencia entre las estructuras técnica y política de la Administración autonómica. Por ello, confía en que las reuniones con empleados públicos, que se iniciarán esta semana, y los trámites parlamentarios permitan cuanto antes su entrada en vigor.

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