Acusan a Deloitte de conflicto de interés: facturaba más a Bankia por asesorarla que por auditarla

Deloitte está acusada de una posible falta de independencia en la supervisión de las cuentas de BFA-Bankia. Tal como consta en un expediente de 58 páginas elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al que ha tenido acceso este diario (ver archivo adjunto), la auditora y consultora estadounidense se enfrenta a dos posibles sanciones muy graves y otra dos graves, que podrían incluso acabar con la retirada de su licencia en España.

Las irregularidades detectadas por el organismo dependiente del Ministerio de Economía están relacionadas sobre todo con presunta la falta de independencia por parte de la firma auditora durante la elaboración de dos trabajos de supervisión de las cuentas de Bankia: las relativas a los periodos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011 y entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011. Ambas fueron previas a la salida a Bolsa de la entidad actualmente nacionalizada, que se produjo el 20 de julio.

La conclusión de los instructores del expediente es clara: hay indicios de un "incumplimiento del deber de independencia de los auditores respecto a Bankia", y de que la propia Deloitte no estableció todos los mecanismos necesarios para identificar y evitar dichas amenazas.

Bankia, y su matriz BFA eran el resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas más pequeñas. Tal como consta en la documentación del ICAC, durante los primeros meses de andadura de la entidad presidida por Rodrigo Rato, Deloitte no solo se encargó de auditar sus cuentas, sino que previa y simultáneamente facturó incluso más por servicios distintos, como asesoría y consultoría. Los honorarios de auditoría supusieron más de 1,6 millones de euros, mientras que los restantes ascendieron a 2,1 millones.

Entre los trabajos "distintos del de auditoría" encargados por BFA-Bankia a Deloitte, figuran la elaboración de un "modelo de estados financieros consolidados", un encargo hecho a instancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el que cobró 94.000 euros. Dicho informe, según la propia auditora, sería un trabajo de "chequeo" que no implicaría la revisión de datos o cifras contables. Ante la documentación aportada, el ICAC deduce que los auditores podrían haber "participado en la preparación o elaboración de estados o documentos que integran los estados financieros auditados objeto de este expediente". Es decir, que Deloitte habría ayudado a elaborar las propias cuentas que posteriormente tuvo que supervisar.

Otro de los encargos, por el que facturó 260.000 euros, fue el asesoramiento en relación con la estructura de negocio de la matriz de Bankia, BFA. El informe resultante concluía que la mejor opción de negocio suponía segregar todos los activos y pasivos de las cajas a BFA y, en una segunda segregación, trasladar el negocio de mejor calidad (el bancario) a Bankia. El documento, además, detallaba la proyección de resultados de la entidad en los próximos cinco años. Algo más de un año después, el quebranto patrimonial de BFA empujaba a su nacionalización por parte del FROB.

El tercer trabajo consistía en un seguimiento de la segregación de los activos de las siete cajas en BFA-Bankia. Pese a los trabajos facturados, tanto Deloitte como sus socios miembros del equipo afirmaron en sus informes de auditoría no mantener "relaciones financieras, de empleo, familiares, de negocio o cualquier otra relación con la entidad auditada y sus vinculadas (...) que pueden afectar a mi independencia". El ICAC hace constar que los auditores han alegado que aplicaron medidas generales de salvaguarda para evitar conflictos de interés. Sin embargo, "no se han tenido en consideración la totalidad de los factores que pueden dar lugar a una amenaza o incluso a una falta de independencia en relación a Bankia", concluye el expediente.

Dichas actuaciones podrían suponer sendas infracciones muy graves en relación a cada uno de los dos informes de auditoría emitidos, o una infracción grave general.

El expediente abierto a Deloitte estima que esta no había evaluado adecuadamente los niveles de control interno de Bankia y las cajas que la formaron. Además, constata que la propia auditora, en sendos informes, concluye que Bankia es una empresa "con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad".

El ICAC concluye que Deloitte no se preocupó lo suficiente en obtener por parte de BFA-Bankia evidencias adecuadas que explicaran ciertas diferencias en los importes trasladados a las cuentas. La auditora no hace constar en ningún momento los trabajos que demuestren que se verificaron las cuentas y los saldos apuntados por el banco, al que han tenido que inyectarse más de 22.000 millones de euros de capital público.

Deloitte y su socio responsable en Bankia (Francisco Celma) llevan meses en el punto de mira, después de que tanto los consejeros de BFA como de Bankia les culparan ante el juez Fernando Andreu del agujero contable descubierto en el banco. Exconsejeros como Araceli Mora (miembro del comité de auditoría de Bankia) han asegurado que el auditor ocultó a la antigua cúpula la existencia de problemas y salvedades en las cuentas del banco, que tuvieron que ser reformuladas y acabaron con la intervención pública de la entidad.

Además, un grupo de exempleados de Bankia (alrededor del sindicato de accionistas Sacub) demandaron a la auditora por responsabilidad subsidiaria por actuar con negligencia antes de la salida a Bolsa de la entidad y no alertar de la situación real del banco. A preguntas de este diario, Deloitte ha optado por no hacer declaraciones y se han remitido a un comunicado del 13 de junio, en el que negaban que las cuentas de la salida a Bolsa estuvieran en duda.