El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha desestimado los recursos de reforma presentados contra el auto de transformación a procedimiento abreviado del caso La Loma, de modo que se ratifica en sus conclusiones y mantiene que hay indicios de delito.

Así, a partir de ahora se tramitarán los recursos de apelación del citado auto ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que deberá resolver si hay indicios de delito o no y, en su caso, abrir juicio contra el cerca de medio centenar de imputados, entre cargos públicos, empresarios y funcionarios municipales.

Todos ellos podrían haber incurrido en una decena de delitos diferentes, como estafa, prevaricación urbanística o cohecho, por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público y carentes de servicios como agua o luz.

En un auto de 51 páginas, dictado el pasado 27 de junio y difundido este lunes, Acayro Sánchez desestima los recursos de reforma (se interponen ante quien dicta la resolución recurrida, en este caso ante el propio juzgado número 2) presentados por ocho de los imputados y un representante de la acusación particular contra el auto de junio de 2012 de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (la resolución que pone fin a la instrucción y detecta indicios de delito). A partir de ahora se tramitarán los recursos de apelación del citado auto ante la Audiencia Provincial.

En concreto, los recursos de reforma han sido presentados por el autor del PGOU, cinco promotores y dos exconcejales, todos ellos imputados, y un representante de la acusación particular.

El autor del Plan General de Ordenación Urbana está imputado en el caso por delito de prevaricación administrativa en grado de cooperador necesaria por, entre otras cosas, haber elaborado proyectos de urbanización en los que el abastecimiento de agua se realizaría mediante conexión a infraestructuras "inexistentes y prohibidas por el PGOU".

Entre otras cosas, el magistrado sostiene que ha sido "perfecto conocedor del desarrollo urbanístico", que ha realizado "a sabiendas de que era ilegal". "Su condición de autor del propio PGOU impide ignorar su responsabilidad y alcanzar otra conclusión que no sea su conocimiento cierto del planeamiento municipal", sentencia.

Acayro Sánchez también rechaza los recursos de reforma de cinco promotores, imputados por delitos de estafa, pues "han ocultado a los compradores circunstancias determinadas de la ilegalidad de las licencias de las viviendas o incluso de la ausencia de la propia licencia, así como que los inmuebles "no reunían las condiciones necesarias para su correcta ocupación y uso".

En este sentido, el magistrado alude en su auto a diferentes informes según los cuales se determina, por ejemplo, que mientras no se construya un depósito de agua -en el Monte Cueto- que abastezca la zona no podrá otorgarse la licencia de primera ocupación a "ninguna" de las viviendas de La Loma.

Añade además que "pretender hacer creer" a través del recurso presentado que la falta de esta infraestructura básica es responsabilidad del propio juez instructor por la medida cautelar adoptada durante la instrucción "no es más que reconocer el delito cometido", ya que la medida se ha adoptado "varios años después de haberse vendido las viviendas".

En los recursos interpuestos por los ex ediles Jaime Díez Muro y Concepción Carranza Ortiz, imputados por prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad de documento público, el juez concluye que "se cumplen" los requisitos de los delitos imputados, ya que las licencias concedidas en La Loma son "abiertamente contrarias" al planeamiento.

Considera, además, que se habrían realizado, a sabiendas de que "eran ilegales", como consta en un documento público incorporado a un expediente, cuyo contenido suponía una "alteración sustancial de la realidad".

Finalmente, en el caso del representante de la acusación particular, el auto señala que "los promotores eran conocedores de la situación urbanística de los inmuebles" y los han vendido "ocultado la realidad" de los mismos y "sin necesidad de contar con la cooperación necesaria de los concejales".

La loma

En el caso La Loma se investiga el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) nº3, nº4, nº7 y nº12, por presuntas irregularidades que habrían provocado un perjuicio al patrimonio municipal de al menos 9,6 millones de euros, y el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios, un promotor y el exalcalde Rufino Díaz Helguera.

Entre el cerca de medio centenar de imputados figuran, además de Díaz Helguera, el también exregidor Fernando Muguruza, o el concejal socialista Daniel Rivas, el exrepresentante del PP José Miguel Rodríguez López, y exediles como Pedro Olano Helguera, Salvador Hierro, Elisa Dopico, además de Concepción Carranza Ortiz y Jaime Díez Muro.

La mayoría de los cargos públicos están imputados por prevariación urbanística, al apoyar diferentes modificaciones urbanísticas o la concesión de licencias, aunque a Muguruza se le atribuye también un posible delito de falsedad en documento público, y a Díaz Helguera, de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y cohecho.

Por su parte, a los representantes de las empresas que construyeron en la zona y que vendieron algunas de las viviendas pese a conocer la situación en que estaban se les imputan delitos de estafa y contra la ordenación del territorio.