El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, Adrián Varela, solicitó al Consistorio que sufragase los gastos derivados de su defensa por su imputación por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el marco de la 'Operación Pokémon', en la que también está imputado, entre otros, el regidor, Ángel Currás. Esta petición fue elevada, con un informe jurídico, a la junta de gobierno local del 30 de mayo, que aprobó "iniciar un proceso de contratación de asistencia jurídica".

El informe jurídico de la secretaría del ayuntamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, avala que el Ayuntamiento de Santiago sufrague los gastos de defensa del edil alegando que "no habiendo una obligación legal expresa, sí que es una obligación moral de toda la corporación local el resarcir a sus miembros de los gastos de su defensa jurídica personal".

Lo contrario, arguye, "podría suponer que sólo las personas con capacidad económica suficiente para asumir los gastos podrían ejercer cargos públicos a nivel local, puesto que bastaría con interponer denuncias en vía penal para obligar a la renuncia del cargo a aquellas personas que careciesen de los recursos necesarios para afrontar los gastos, que pueden ser de muy elevada cuantía". "Esto sería, obviamente, a mi juicio, contrario al derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos consagrado en el artículo 23 de la Constitución", añade.

De esta manera, el informe jurídico concluye que "sí resulta conforme a derecho" un acuerdo municipal para sufragar los gastos de representación y defensa procesual en los que incurran los miembros de la corporación, para lo que señala que es "preceptivo" que exista un acuerdo de la junta de gobierno.

Finalmente, se propone que se aprueben que los gastos de representación y defensa procesual del concejal sean asumidos por el presupuesto municipal de acuerdo a los derechos que como miembro de la corporación le asisten a favor del abogado Javier Míguez Poza, sin perjuicio de la posterior fiscalización que se derive de las minutas correspondientes".

En el informe jurídico también se citan sentencias del Tribunal Supremo en las que se hace un reconocimiento expreso del derecho a asistencia jurídica de alcaldes y concejales. También señala que "no puede entenderse que la conducta realizada fuese en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas", en el caso de que se contraigan responsabilidades criminales.

Esquerda unida se opone

Por su parte, el consello comarcal de Esquerda Unida de Santiago de Compostela 2se opone a que se pague con dinero público la defensa de Adrián Varela", según ha señalado en un comunicado, en el que exige que "se retire la medida y que ningún otro imputado pueda acogerse a la petición de abonar su defensa a costa de los vecinos".

"Es una barbaridad, nueva muestra de la decrepitud ética del Partido Popular, que aprueben que los concejales imputados por presuntos delitos de corrupción política, puedan acogerse a que sean los vecinos con sus impuestos los que paguen su defensa", ha abundado.

Asimismo, asegura que es "nauseabundo que el hedor de la corrupción que desprenden las cloacas del Ayuntamiento vuelva a perjudicar a la ciudadanía, ahogada por el austericidio de las políticas neoliberales que provocan la pérdida de derechos laborales y sociales".

De esta manera, Esquerda Unida señala que si Currás no revoca esta decisión, "por cobardía o incompetencia", el presidente de la Xunta y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene que "abandonar su escudo de que lo que pasa en Santiago no es normal" y "llevar a cabo medidas necesarias para permitir la gobernabilidad de la ciudad".