La delegada sindical de CCOO en la cafetería, Rocío Sierra, ha indicado a Europa Press en este sentido que los trabajadores se encuentran en proceso de recopilar información, "haciendo números para ver si podemos seguir adelante o no con la idea", habida cuenta de que al montante que supondría reflotar el establecimiento habría que añadir la deuda existente con la Seguridad Social.

Precisamente, esta semana Sierra tiene pendiente la celebración de un juicio por vía penal contra el anterior adjudicatario del negocio, debido a las "amenazas e insultos" vertidas en el marco de una discusión previa que finalizó con un "ataque de ansiedad" por parte de la portavoz sindical.

Por otra parte, en una reunión mantenida con la Gerencia de la sede académica, se ha informado recientemente de que los pliegos para el concurso de nueva adjudicación aún no han podido sacarse por la imposibilidad de notificación al anterior adjudicatario, lo que obligará al cauce, más lento, de publicación en boletín oficial.

La UPO, por otra parte, apuntó a su intención de mediar con la empresa que regentaba la cafetería con el fin de tratar de que la situación de los empleados no se vea "lesionada". El rector, Vicente Guzmán, indicó entonces a Europa Press que "vamos a intentar una solución, porque no tenemos responsabilidad real, pero sí moral", para agregar que "si deben verse en esta situación, procuraremos al menos que se den los requisitos para que cobren el paro durante una temporada; el caso nos preocupa y presionaremos mientras se soluciona el problema".

El local quedó "totalmente desvalijado", ya que aunque la seguridad del campus frenó las pretensiones del empresario de llevarse en un camión que metió de noche en las instalaciones de la UPO la maquinaria, "ya antes había estado trasladando cosas con vehículos de menor dimensión".

Dado que la empresa mantenía con la sede académica una deuda de unos 16.000 euros, el vehículo fue retenido, pasando las máquinas a ser patrimonio de la universidad, que redactó un escrito de rescisión de contrato con el concesionario.

Al margen de la irregularidad en el abono salarial, los trabajadores denunciaban la escasez de productos y el poco abastecimiento que la concesionaria proporcionaba al establecimiento y que impedía prestar un servicio dentro de los cánones normales exigidos por la universidad en el pliego de condiciones.