La asociación ecologista Adega ha reclamado este miércoles a los tribunales la "reposición de los contencioso-administrativos interpuestos desde la Xunta" contra parte de las licencias concedidas para la construcción de pisos en el ayuntamiento de Barreiros (Lugo) y ha pedido, tras conocerse el fallo que anula el plan sectorial de incidencia supramunicipal para el municipio, la dimisión de quienes lo promovieron.

En una nota de prensa, Adega celebra que la sala segunda de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya estimado el recurso que esta asociación interpuso contra el acuerdo del Consello de la Xunta que autorizó el plan sectorial el 26 de mayo de 2011 "con la intención de legalizar las jugadas urbanísticas en Barreiros, para lo que iban a gastar 14 millones de euros de dinero público".

Los ecologistas consideran que se trata de un fallo "de enorme importancia y trascendencia social", dado que "restaura" la vigencia de la legalidad urbanística "frente a la arbitrariedad" de la administración; "refuerza" el principio de igualdad ante la ley; y "permite seguir creyendo en la independencia del poder judicial", frente a las "veleidades arbitrarias de este gobierno gallego".

"Sin la vigencia de estos principios caminaríamos irremediablemente hacia un estado fascista", advierte la asociación, que ha considerado que de haberse producido una "legalización" por la vía de un plan sectorial "sería toda una invitación a ayuntamientos y promotores para saltarse cualquier normativa urbanística".

Además, ha criticado que resulta "imposible" defender que, mientras que en Barreiros la Xunta "incluso retiró los contencioso-administrativos interpuestos que ella misma promovió", otros casos en "idéntica situación resulten en severas sanciones e incluso derribos".

CONSENCUENCIAS

Así, Adega cita la sentencia, que señala que estima el recurso y lo anula "por ser contrario a derecho" y pide, como consecuencia de la misma, "la reposición de los contencioso-administrativos" de la Xunta y que "este Gobierno retiró con la excusa de este plan sectorial".

En el ámbito penal, agrega, "en base a la desviación de poder de la administración que se reconoce en la sentencia", la asociación pide que el Ministerio Fiscal no se "desentienda" de las denuncias de prevaricación presentadas contra el alcalde, la comisión de gobierno del ayuntamiento y la arquitecta municipal, así como la registrada por Adega contra el conselleiro Agustín Hernández. Además, pide investigar la actividad de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU).

En el aspecto político, los ecologistas consideran que "ante una acusación de desviación de poder como la que se reconoce" en esta sentencia, "en cualquier estado de derecho con una mínima sensibilidad y vergüenza democrática" que entienda el ejercicio del poder "no en beneficio del negocio privado de allegados y amigos" sino como un instrumento al servicio de la ciudadanía, "ninguno de los responsables que promovieron el plan sectorial merecerían seguir un minuto más en su cargo.