La directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Pilar Martínez, ha negado que el Gobierno vaya a suprimir áreas de rehabilitación de viviendas y ayudas al alquiler en Canarias y ha recordado que las islas cuentan con 76,2 millones de euros transferidos por anticipado durante los últimos para estas políticas que no se han justificado y que la última partida que se ha hecho llegar al Ejecutivo regional fue de 1,65 millones.

Así lo manifestó este viernes en declaraciones a Europa Press tras las palabras de la consejera del área del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en las que informó de que ha empezado a estudiar posibles medidas judiciales contra el Estado tras el incumplimiento de los convenios de rehabilitación y reposición de vivienda que afectan a 4.206 inmuebles.

"En la comisión bilateral celebrada el 18 de junio con los responsables del Gobierno canario no se anunció en ningún momento la supresión de áreas de rehabilitación ni de ayudas al alquiler", dijo Martínez.

Aquí, recordó que la Ley 4/2013 establece que esas líneas de ayudas se deben mantener hasta que sean efectivas las partidas del nuevo Plan Estatal 2013-2016 y señaló que lo que se explicó en la reunión con los representantes regionales es que se está en un año de transición entre el Plan 2009-2012 y el nuevo que entrará en vigor en 2013.

Hizo especial hincapié en que la continuidad de las ayudas dependen directamente de la Comunidad Autónoma de Canarias. "Si el Gobierno (canario) considera que debe continuarlas puede reconducirlas de un plan al otro", matizó.

La última transferencia para vivienda fue de 1,65 MILLONES

También agregó que durante la comisión bilateral se puso en orden en la contabilidad entre ambas instituciones, añadiendo que la última transferencia que se ha hecho a Canarias ha sido de 1,65 millones de euros para que la región pueda continuar con la gestión y las ayudas de vivienda que están abiertas y actualmente en marcha.

"Pero es que además —prosiguió— Canarias tiene 76,2 millones de euros transferidos por anticipado [durante los últimos ejercicios] para hacer políticas de vivienda y atender los diferentes programas abiertos, pero todavía no han justificado en qué han gastado este dinero".

Para Martínez, el no haberlo justificado significa "o que no lo han gastado todavía y que hay dinero para continuar concediendo ayudas o que no pueden poner su parte porque en algunos casos son programas cofinanciados y tienen paralizadas las ayudas del Estado".

"cortina de humo"

En todo caso, la directora general expresó que las declaraciones de Rojas responden a una "cortina de humo" que busca ocultar el verdadero problema, "que es la insuficiencia presupuestaria que tiene la Comunidad".

De esta manera, subrayó que el Ejecutivo regional "debe priorizar el gasto en lugar de cargar contra el Gobierno de la nación, que sí que ha transferido las ayudas".

"Lo que debe hacer [Rojas] si su prioridad es la política de vivienda es adaptarse a los 76,2 millones de euros transferidos por anticipado, que los justifique y sigamos colaborando por los sectores más vulnerables", aseveró.