El Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid ha admitido la querella criminal contra los máximos mandatarios de la Sanidad madrileña cuando se inició el proceso de privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid hace ya diez años, en 2003.

El juez investigará las presuntas irregularidades de la privatización de estos centros. De esta forma, los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como los representantes de las empresas Ribera Salud y Capio (ahora IDC Salud), que fueron beneficiarias de varios de los contratos fruto de esta privatización, tendrán que declarar ante el juez en calidad de querellados.  También tendrán que declarar el todavía director general de hospitales, Antonio Burgueño; Patricia Flores Cerdán, actual directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el representante de la Fundación Jiménez Díaz.

Además, tendrán que comparecer ante el juez los representantes de Asisa y Unilabs. Esta última fue la sociedad de la que tuvo que dimitir Güemes tras conocerse que era consejero de la misma. Esta empresa se había aprovechado de la privatización sanitaria durante la época de Güemes como consejero.

Contra Burgueño, los denunciantes le acusan de beneficiar con nuevas concesiones a Ribera Salud y Capio, empresas en las que trabajó antes de pasar al sector público. Contra Lamela, se le señala por su vinculación con Assignia Infraestrcuturas, empresa que participa en la gestión de hospital del Tajo.

La querella criminal, emitida por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), acusa a toda la cúpula de la Sanidad madrileña de coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

La querella contra la cúpula de la Sanidad madrileña también cuenta con la participación del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid en calidad de acusación popular.

Los querellantes basan su denuncia en el concierto para la asistencia sanitaria suscrito entre Capio y el Sermas debido a la vinculación de varios excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias y partícipes en la gestión sanitaria, a "la negligencia en el control del gasto público" y "la derivación de pacientes a través del denominado call center", tal y como se puede leer en las diligencias previas.

Más en concreto, el juez investigará todos las presuntas irregularidades durante el proceso de privatización de los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón. La querella denuncia hechos muy graves, como el trasvase "injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada" o la no reclamación de 1,5 millones de euros a Capio Sanidad.