La posibilidad de dar agua y luz a casas ilegales enfrenta a Estado y promotores inmobiliarios con la Asamblea ceutí

La consejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), presentará al Pleno de la Asamblea en su Sesión Ordinaria de este mes, que se celebrará el 2 de julio, un nuevo texto para la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la cédula de habitabilidad, una norma con la que el Ejecutivo local mantiene su intención de facilitar a los propietarios de viviendas fuera del ordenamiento urbanístico que cumplan "determinados requisitos técnicos" la posibilidad de acceder a suministros básicos legalmente.

La consejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), presentará al Pleno de la Asamblea en su Sesión Ordinaria de este mes, que se celebrará el 2 de julio, un nuevo texto para la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la cédula de habitabilidad, una norma con la que el Ejecutivo local mantiene su intención de facilitar a los propietarios de viviendas fuera del ordenamiento urbanístico que cumplan "determinados requisitos técnicos" la posibilidad de acceder a suministros básicos legalmente.

El Gobierno autonómico insistirá en este objetivo, según ha señalado la consejera en rueda de prensa, pese a la oposición que han mostrado a su intención tanto la Delegación del Gobierno como la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la ciudad autónoma.

El titular de la primera institución, Francisco Antonio González Pérez, ha presentado una alegación al texto inicial en la que advierte de que la regularización de esos suministros básicos "no parece posible", acusa a la Administración local de inmiscuirse en una competencia estatal (el Planeamiento Urbanístico) e insta al Ejecutivo de Juan Vivas a "detectar, corregir y, en su caso, sancionar" a los propietarios de viviendas sin licencia para no "consolidar su situación".

A través de una nota de prensa, los promotores inmobiliarios han denunciado que el proyecto de ordenanza generará "un agravio comparativo con quien, asumiendo el máximo esfuerzo de ahorro y restricciones en la renta disponible, adquiere una vivienda 'legal' sometida a todo tipo de tasas, impuestos, dotación para instalaciones de suministro, etcétera, todo ello repercutido en el precio de la misma".

Para este colectivo, la asamblea, que aprobó por unanimidad la norma en su versión inicial, propugna una "amnistía" urbanística y "premia a través de un documento administrativo que harán sin duda valer en cualquier instancia a quienes, incumpliendo la legalidad, sin pagar impuestos ni tasas, construyen una vivienda ilegal".

El meollo de la controversia radica en el artículo 13 de la ordenanza, que establece que "en aquellas construcciones realizadas sin la preceptiva licencia que no fueren legalizables por ser contrarias al planeamiento urbanístico, se podrá autorizar con carácter excepcional, previo informe favorable de los Servicios Técnicos, la contratación de los servicios básicos con las compañías suministradoras hasta tanto se resuelva el procedimiento para la regularización de las construcciones de acuerdo al desarrollo del planeamiento urbanístico".

"malas personas con argumentos fascistas"

El primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, ha atribuido la diferencia de criterios entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local a una "pelea interna" en el PP de Ceuta entre Francisco Antonio González Pérez y Juan Vivas y ha lamentado que el delegado y los promotores inmobiliarios utilizan argumentos "fruto de mentalidades retrógradas, de corte fascista, que alimentan tópicos y prejuicios desde la más absoluta irresponsabilidad".

"Quienes dicen defender los intereses de Ceuta haciendo sufrir a los ceutíes para ello son, en realidad, malas personas que defienden sus propios intereses, espurios y mezquinos", ha denunciado la formación localista, proponente de la nueva ordenanza, que desde su punto de vista tiene un carácter "estrictamente humanitario" porque "la legalización urbanística de una vivienda no guarda ninguna relación con el acceso, o no, de sus moradores al suministro de energía eléctrica".

Un informe técnico de la Consejería de Fomento cifró hace dos meses en más de 500 las viviendas ilegales existentes en Ceuta. Sus ocupantes son, según Caballas, "centenares de familias de toda condición, raza y religión, y de zonas muy diversas, que viven, trabajan y pagan sus impuestos en Ceuta pero no pueden disponer en sus casas de luz eléctrica".

"Nuestra propuesta, asumida por el resto de partidos del Pleno de la Asamblea, pretende, única y exclusivamente, reparar esta injusticia acabando con una situación que sólo cabe calificar de inhumana", ha resumido.

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