El fiscal del caso de la Cruz Blanca, Juan Antonio Merlos, ha rebajado en su escrito definitivo la pena de prisión de 20 años y seis meses a 16 años para el hermano Manolo por la supuesta comisión de ocho delitos de maltrato y tres de abusos sexuales a personas con discapacidad psíquica; mientras que para los otros dos procesados, otro franciscano y un excuidador nocturno, solicita tres y seis años de cárcel, respectivamente, por la supuesta comisión de abusos sexuales.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal del caso ha comentado que "la única modificación que se ha hecho" en los escritos definitivos es "retirar" la acusación contra el hermano Manolo en dos delitos de maltrato no habitual, de manera que de nueve se quedan en siete, porque los hechos "no han quedado acreditados", al tiempo que se ha mantenido el mismo delito de maltrato habitual y los tres delitos de abusos sexuales, de los cuales uno de ellos es no continuado, y en éste el Ministerio Público ha rebajado los dos años y seis meses de prisión a una pena de multa.

En cuanto al resto de los acusados, se han elevado a definitiva las calificaciones en una sesión que se ha prolongado desde las 9,00 a las 14,00 horas, y en la que los acusados no han ejercido su último turno de palabra, según ha comentado a Europa Press el abogado del hermano Manolo, Emilio Zegrí.

Al respecto, destaca que el fiscal haya suprimido los dos delitos de maltrato y haya rebajado la pena de prisión a una multa en un delito de abuso sexual, y es que "no se habían probado una serie de conductas", de manera que valora "de forma correcta" que el Ministerio Público "se haya dado cuenta de que había hechos de que le flaqueaban", aunque él como defensa entiende que no se ha cometido ningún delito y solicita la absolución para su cliente.

Cabe destacar que en el juicio, que ha quedado visto para sentencia tras las cuatro sesiones a puerta cerrada de la semana pasada, los tres acusados, concretamente los dos franciscanos y el exempleado, han declarado ante el juez que los hechos "no son ciertos" y han negado "rotundamente" que los cometieran. El abogado del extrabajador procesado, Luis Roldán, manifestó que los tres se han declarado "inocentes" y algunos de los empleados sostienen que el móvil de la denuncia es "la venganza", porque "había dos facciones", una pro hermano Manolo —el principal acusado— y otra en contra.

Asimismo, prestó declaración una testigo protegido que tiene "interés manifiesto", según el letrado, quien apunta que la familia contra el hermano Manolo ha iniciado "una historia sin prueba ni fundamento", motivo por el que su cliente ha mostrado su "indignación e incredulidad" por estar acusado. Además, otro testigo ha realizado una declaración "absolutamente exculpatoria".

En cuanto a las palabras del hermano Manolo ante el juez, el abogado ha comentado que es "una persona volcada muchos años con la institución en Córdoba" y ha negado cualquier "gesto brusco" con los residentes, de modo que al procesado le han sorprendido "las acusaciones" de la denuncia que parte de "trabajadores con los que tuvo puntualmente algún problema porque les había recriminado", y ante ello "se había creado un grupo de enemigos dentro". Mientras, su cliente y el tercer acusado, otro franciscano, tenían "buena relación" con Manolo y por ende estaban posicionados en su parte, según relata el abogado.

Debate entre los peritos

Al respecto, los peritos que realizaron las pruebas ordenadas por el juzgado de Instrucción en la causa de la Cruz Blanca han ratificado sus informes de manera "muy explícita y han aclarado dudas" en torno a la comisión de los supuestos malos tratos y abusos sexuales a personas discapacitadas de la congregación; aunque los peritos, a instancia de la defensa, han demostrado que supuestamente no se produjeron tales hechos.

Así, los primeros peritos han ratificado las exploraciones que realizaron a las víctimas "tratando de arrojar luz para llegar a dar por probado los hechos", según informó el fiscal del caso, quien detalló que han realizado los informes con "dificultad extrema dadas las cualidades y características de estas personas totalmente discapacitadas", por lo que el trabajo es "más arduo, laborioso y más metódico", y, a su juicio, el informe de la defensa "ciertamente mantiene unas tesis tratando de explicar determinados supuestos fuera del área delictiva".

Al respecto, el abogado del extrabajador procesado ha destacado a los periodistas que las periciales han sido "buenas" con estudios "absolutamente favorables a que no hay ninguna prueba que se pueda deducir que los afectados dicen la verdad, por su alto grado de sugestionabilidad", de modo que "por una serie de razones no hay forma de poder decir que son creíbles las manifestaciones de las víctimas", que recuerda que "cambian de opinión constantemente".

En definitiva, defiende que en esta situación "no se puede concluir con un mínimo grado de convicción" sobre los hechos y parte de las pruebas periciales no pueden servir para "destruir el principio de presunción de inocencia", ha apostillado, para argumentar que si se tiene en cuenta que "las acusaciones de los abusos sexuales no han sido presenciados por ningún testigo y son meras manifestaciones" de los afectados, "se puede llegar a la conclusión que no hay prueba alguna que sustente la acusación, respecto a los abusos sexuales".

En cuanto a los malos tratos, "algunos testigos observaron algunos comportamientos", si bien sobre los abusos sexuales "no hay prueba ninguna", ha subrayado el letrado, quien ha comentado que las pruebas realizadas a instancia de parte se han hecho por videos del centro, a lo que añade que "si se cree a la víctimas se puede considerar que hay delito, pero algunas de las víctimas que se le ha hecho exploración han dicho justamente lo contrario de lo que dijeron en la exploración anterior". Por tanto, "la única prueba que tienen las acusaciones respecto a los abusos sexuales son los testimonios de los afectados" y respecto a su cliente "no hay ninguna prueba para acusarle de nada", ha zanjado el abogado.

Los trabajadores y las víctimas

Los trabajadores de la congregación de la Cruz Blanca en Córdoba que han declarado el miércoles ante el juez, citados por el Ministerio Público, han ratificado los hechos de los que se acusa a los dos franciscanos y el exempleado, algunos de los cuales "han tenido algún problema" con el hermano Manolo en la congregación, entre ellos supuestamente se encontraba el presunto autor de la denuncia y otro que había sido amenazado de despido como consecuencia de la gestión que realizaba en su puesto de empleo, según fuentes judiciales.

De este modo, parte de las personas discapacitadas de la congregación, que supuestamente sufrieron malos tratos y abusos sexuales, han declarado ante el juez que sí se produjeron los hechos, aunque otros caen en contradicciones, incluso algunos de ellos desmienten tales acusaciones a las que se enfrentan los tres acusados.