El Tribunal de Cuentas advierte en su informe sobre la gestión del Gobierno de Cantabria en los años 2008 y 2009, de la concurrencia de varias empresas públicas en la realización de "iguales o similares actividades", en virtud tanto de sus objetivos coincidentes como del carácter "genérico e impreciso" de los mismos. Señala al respecto que "la duplicidad, amplitud e inconcreción de los objetivos sociales" de las empresas públicas "atentan contra los principios de transparencia, eficacia y economía" en la gestión pública.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, el número de sociedades pertenecientes al sector público empresarial de Cantabria aumentó en un 130% en el periodo 2003-2009, con 39 sociedades a 31 de diciembre de 2009, y los gastos de personal a su servicio se incrementaron un 54% en el cuatrienio 2006-2009. El resultado global después de impuestos para el conjunto del sector refleja unas pérdidas de 14 millones de euros en 2008 y de 43,7 en 2009.

El Tribunal de Cuentas considera que en el periodo fiscalizado (2008 y 2009), el Gobierno "desvirtuó" la finalidad de las encomiendas de gestión al encargar obras o servicios a empresas públicas de carácter "instrumental" que, al carecer de medios propios para ejecutar directamente los encargos, se limitaron básicamente a la gestión y control de la contratación con terceros de la ejecución material de los encargos, lo que implica la aplicación de un régimen jurídico que resulta "mucho menos riguroso".

Por ello, el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno de Cantabria a emplear la encomienda de gestión únicamente para actividades "concretas y precisas", "evitando su empleo como instrumento para no aplicar los más rigurosos requisitos de la normativa presupuestaria y contractual de las administraciones públicas, y a excluir del ámbito de la encomienda la prestación de servicios que impliquen, directa o indirectamente, el ejercicio de funciones públicas y limitarse a actividades materiales concretas.

Otras recomendaciones en este ámbito se refieren a la necesidad de motivar suficientemente todas las encomiendas de gestión; acompasar la financiación presupuestaria y el abono de las encomiendas a su ejecución; y que la duración de los contratos de ellas derivados no sea superior a la duración de las encomiendas. En este sentido, pone como ejemplo tres contratos de MARE para la gestión de residuos en los que se estableció una duración de ocho años pese a que las encomiendas de gestión de las que se derivaban eran por seis meses.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha detectado "significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución" en los contratos de obras examinados, así como modificaciones, que son -añade- "particularmente relevantes en algunos contratos porque fueron adjudicados a licitadores que habían ofertado reducciones de los plazos de ejecución y en atención, entre otras, a dicha circunstancia y a la calidad de sus ofertas".

Empresas públicas

En el análisis de la finalidad y áreas de actividad de las empresas públicas de Cantabria, el Tribunal de Cuentas cuestiona por ejemplo la creación de una empresa distinta para el desarrollo de cada zona industrial, o la existencia de diversas sociedades mercantiles para la promoción del turismo, deporte y cultura, con objetos "al menos parcialmente coincidentes".

Añade que las empresas Gesaican, Gieducan y Giscan desarrollan una actividad referida a bienes e infraestructuras, mientras que Emcanta e Idican tienen como objeto, total o parcial, la ejecución de actividades en materia de tecnología, que coincide con la actividad de Sodercan.

En el informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 28 de mayo, se deja constancia de la reectructuración del sector público empresarial emprendida por el Gobierno del PP principalmente a partir de 2012, con la que el número de empresas "ha pasado de 33 a 15 por la desaparición efectiva de 18 sociedades autonómicas".

GFB

En este apartado de las empresas públicas, el Tribunal de Cuentas dedica parte de su informe a las operaciones relacionadas con el Racing y GFB, que en ambos casos han sido objeto de comisiones de investigación en el Parlamento de Cantabria.

El Tribunal de Cuentas señala que hasta la compra en 2012 de los activos de GFB por una sociedad mercantil extranjera, por un precio de 14,5 millones de euros, el total de recursos públicos destinados a esta empresa es de, "al menos, 34 millones de euros (34.289.000), sin que se hayan conseguido los fines perseguidos con la inversión".

Como resultado del protocolo firmado en marzo de 2004 para la instalación de esta fábrica de fibroyeso en Orejo, se constituyó GFB Cantabria S.A., con un capital social de 33,8 millones, el 70% suscrito y desembolsado por una sociedad privada y el 30% por Sodercan.

A fecha 31 de diciembre de 2008, Sodercan mantiene en la sociedad GFB Cantabria, una inversión financiera por valor de 10 millones de euros, un préstamo participativo para financiar la construcción de la fábrica por importe de 5,6 millones y unos avales prestados por 9,3 millones.

El Tribunal de Cuentas añade que como consecuencia del concurso voluntario de acreedores de GFB de abril de 2009 y la "potencial inviabilidad del proyecto", a 31 de diciembre de ese año la inversión y el préstamo se aprovisionan en su totalidad, y se ejecutaron dos avales, quedando los otros dos aún sin ejecutar, formalizados por importe de dos y 1,2 millones de euros, que "no figuran en las cuentas de 2009".

RACING

Sobre el Racing, señala que al término del periodo fiscalizado, se habían entregado al club subvenciones por importe de ocho millones de euros, mientras que el valor actualizado del Fondo de Titulización -que acaba adquiriendo el Instituto de Finanzas de Cantabria en 2012-, ascendería a 11,4 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas entiende que la operación realizada en 2006 por la empresa pública CEP Cantabria de compra y arrendamiento al Racing de las marcas y derechos federativos sobre los equipos de categorías inferiores, por 17,5 millones de euros, debió contabilizarse como un crédito a largo plazo (inmovilizado financiero) y no como una compra de inmovilizado material, dado que "el propósito económico de la operación consistía en la financiación del club en dicho importe".

Añade que el Gobierno no debió recoger como ingresos a distribuir en varios ejercicio el importe obtenido al aportar los derechos a un Fondo de Titulización (17,35 millones), sino "como un pasivo exigible o deuda, que se iría extinguiendo a medida que se fuesen haciendo los pagos convenidos"; y que el importe de 11,4 millones de euros pendiente de amortizar en 2009 del Fondo de Titulización, debió permanecer registrado como deuda, "sin que haya razón para transferirse al patrimonio neto como subvenciones, donaciones o legados".

El Tribunal de Cuentas señala por último que en 2012, el Instituto de Finanzas de Cantabria "se ha posicionado como cesionario y bonista de los derechos de crédito del Fondo, por lo que el sector público autonómico ha pasado a reunir las posiciones deudora y acreedora del citado fondo, asumiendo el riesgo último de impago del club".