Cuatro detenidos en tres provincias de CyL por falsificar permisos de conducir nacionales e internacionales

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en las provincias de Ávila, Salamanca y Palencia a cuatro personas de distintas nacionalidades como presuntos autores de delitos de falsificación de permisos de conducir tanto españoles como internacionales y por conducir vehículos sin haber obtenido nunca autorización.

La operación, denominada 'Edgar', se inició a raíz de que el 11 de enero una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arévalo (Ávila) observara cómo un ciudadano boliviano presentaba para su identificación y como autorización para conducir un pasaporte del Estado Plurinacional de Bolivia y un permiso internacional de conducir, de las clases 'B' y 'C', expedido en la localidad de Santa Cruz (Bolivia), en el que constaba pegada una fotografía que se correspondía con las características físicas del conductor.

Las "respuestas incongruentes" respecto de la obtención del permiso infundieron a los guardias civiles sospechas sobre su autenticidad, por lo que solicitaron los servicios del Grupo de Investigación y Apoyo a Tráfico de la Guardia Civil de Ávila (GIAT) para comprobar la veracidad del referido documento. Así, se comprobó que era falso, lo que se comprobó a través de Interpol-Bolivia.

Investigación en tres provincias

A raíz de este primer indicio se abrió la Operación Edgar, que se desarrolló entre los meses de enero y mayo en las provincias de Ávila, Salamanca y Palencia, la cual se ha saldado con cuatro detenidos.

A través de las investigaciones se ha logrado demostrar que estas personas extranjeras y residentes en España se acogían a los diferentes convenios firmados por sus países con el Reino de España, se personaban en las jefaturas provinciales de Tráfico, donde solicitaban el canje por el permiso de conducir español y lograban, de acuerdo con el protocolo establecido en los canjes de permisos de conducir extranjeros, que se realizase la correspondiente anotación en el Registro General de Conductores de la Dirección General de Tráfico.

De este modo, eludían la responsabilidad del supuesto ilícito penal, al conducir vehículos sin haber obtenido nunca autorización en su país.