Cañamero no asiste a la citación y el resto de imputados se acoge a su derecho a no declarar

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera (Sevilla), como se ha informado, había citado a los exalcaldes de El Coronil Diego Cañamero y José Antonio Núñez, así como a José C.G., Juan R.S. y Juan H.G., para que compareciesen este martes en calidad de imputados. El llamamiento se encuadra en una denuncia promovida por el Ayuntamiento, gobernado por Jerónimo Guerrero (PSOE), a cuenta de los incidentes de la huelga de 71 días vivida en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, toda vez que Cañamero no ha asistido a la comparecencia y el resto de imputados se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado a Europa Press fuentes municipales.
Diego Cañamero
Diego Cañamero
EUROPA PRESS
Diego Cañamero

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera (Sevilla), como se ha informado, había citado a los exalcaldes de El Coronil Diego Cañamero y José Antonio Núñez, así como a José C.G., Juan R.S. y Juan H.G., para que compareciesen este martes en calidad de imputados. El llamamiento se encuadra en una denuncia promovida por el Ayuntamiento, gobernado por Jerónimo Guerrero (PSOE), a cuenta de los incidentes de la huelga de 71 días vivida en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, toda vez que Cañamero no ha asistido a la comparecencia y el resto de imputados se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

La convocatoria de huelga, promovida por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), finalizó el pasado 20 de marzo después de un enconadísimo conflicto entre la organización sindical, liderada por Diego Cañamero, y el Ayuntamiento de El Coronil.

El conflicto de el coronil

El conflicto, como se recordará, derivaba de la anulación de la bolsa de empleo asociada al servicio de limpieza urbana. El acuerdo alcanzado entre las partes, finalmente, garantizaba 600 jornales mínimos al año, dotados con fondos municipales y consignados en los presupuestos de cada ejercicio, para la "bolsa de peones de camiones de la basura", cuyos miembros, no obstante, cubrirían finalmente las "vacaciones y bajas del personal fijo o indefinido" según "las necesidades que tenga el Ayuntamiento" en cada uno de sus servicios.

Durante aquellos dos meses y medio, cargados de altercados y un agrio cruce de acusaciones, el Ayuntamiento promovió al menos dos denuncias contra los líderes del SAT; una de ellas por el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos —extremo del que ambas partes se acusaban mutuamente—, y la restante por la 'emboscada' tendida al primer convoy de camiones y palas mecánicas enviado por la Empresa Pública de Transformación Agraria (Tragsa), al declarar por vez primera la Consejería de Salud y Bienestar Social una situación de riesgo sanitario en el municipio a cuenta de la acumulación de basura.

Llamados a declarar

Como consecuencia de estas denuncias, de cualquier modo, el 16 de abril el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera emitió un auto, recogido por Europa Press, que cita a declarar "en calidad de imputados" al líder del SAT y exalcalde de El Coronil por IU-CA Diego Cañamero, a su sucesor en la Alcaldía también por la federación de izquierdas José Antonio Núñez y a otros dos hombres presumiblemente ligados a la organización sindical.

Al poco de ser conocida esta decisión de la citada instancia judicial, no obstante, Cañamero anunciaba que no asistiría al llamamiento dentro de su estrategia de "insumisión judicial". Y así ha sido, porque Cañamero, finalmente, no ha acudido este martes al llamamiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera. José Antonio Núñez y el resto de imputados sí han asistido, aunque se han acogido a su derecho de no declarar, según las citadas fuentes, según las cuales el juzgado investiga el incumplimiento de los servicios mínimos de la huelga de basura y posibles delitos por obstrucción a la autoridad, contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores.

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