El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que garantiza el acceso de los ciudadanos a la información que reclamen a la administración en un plazo máximo de 20 días, obligación que hace extensiva a adjudicatarios de contratos del sector público y entidades sin ánimo de lucro como partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciban ayudas o subvenciones para su actividad o funcionamiento.

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha defendido en rueda de prensa tras la que la futura Ley de Transparencia Pública es la "norma con más trascendencia de esta legislatura para la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas en Andalucía", que vuelve a situarse "en vanguardia" en esta ocasión para "aumentar la corresponsabilidad de los ciudadanos en la gestión de lo público".

Díaz ha destacado que la norma andaluza, que va a ir "por delante" del texto que prepara el Gobierno de la Nación como ley básica, es "valiente, ambiciosa y responde a las demandas de los ciudadanos, que es muy exigente en el conocimiento del gasto de fondos públicos" y ha subrayado que su importancia reside en que supone un "cambio de actitud en los gobiernos y en los empleados públicos" porque se basa en el concepto de que "la información no es propiedad de la administración, sino de la ciudadanía".

En cuanto a la decisión del PP-A de abandonar temporalmente el Pacto por Andalucía por no haber sido "consultado" en relación con la Ley de Transparencia, la consejera ha confiado en que ese partido reconsidere su posición, porque fue una "pataleta y una irresponsabilidad, no explicable". "No entiendo cómo se puede levantar de una mesa en la que ha tenido acceso a la información desde el principio", ha señalado la consejera, para quien la "pataleta del PP-A tiene que tener otras explicaciones", bien instrucciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, o que forman parte de otra estrategia.

La consejera ha apuntado que, antes de que finalice el año, la norma estará en el Parlamento andaluz y que, una vez aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), entrará en vigor a los seis meses. Ha señalado que hay que esperar a la norma estatal, que es legislación básica, para ver dónde están los límites a la hora de dar cierta información, principalmente por motivos vinculados a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la seguridad o la protección de datos personales.

En este sentido, Díaz ha agregado que, en caso de que no se pueda facilitar al ciudadano determinada información, habrá que motivar el por qué. En el caso de que una empresa no dé información, las administraciones pondrán imponer multas coercitivas que no podrán exceder del cinco por ciento del contrato o subvención que se le otorgara en su momento.

Agencia de transparencia

El control correrá a cargo de la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, autoridad independiente de nueva creación cuyo director será designado por el Parlamento andaluz por mayoría absoluta. Su mandato será por cinco años, desvinculado del periodo legislativo de cuatro años, y sólo podrá ser renovado en una ocasión. Entre otras funciones, esta autoridad independiente se encargará de la resolución de las reclamaciones que se presenten. En la actualidad, cuando un ciudadano no obtiene una información que solicita, tiene que ir al juzgado.

El anteproyecto de ley también establece la creación de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, órgano consultivo y de participación en ambas materias que contará con la representación de las administraciones autonómica y local, el Parlamento de Andalucía y expertos y organizaciones sociales.

Además de las administraciones (la Junta, el Parlamento andaluz en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas), estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.

La consejera se ha mostrado convencida de que esta futura ley, cuyo anteproyecto estará disponible a partir de este martes en la web de la Junta, responde a las demandas de los ciudadanos y va más allá de lo que plantea la norma estatal, cuyo contenido sólo se ha conocido una vez que ha sido registrada en las Cortes Generales. A partir de las próxima semana, se desarrollarán ocho jornadas provinciales sobre la ley andaluza, cuya web específica ha recibido unas 13.000 visitas, con numerosas aportaciones.

El anteproyecto andaluz se articula en torno a dos grandes conceptos: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El primero de ellos hace referencia a la difusión por propia iniciativa de los poderes públicos, mientras que el segundo se vincula a la actuación de la ciudadanía en la petición de datos.

La publicidad activa se regula en el Título II, que incluye disposiciones dirigidas a posibilitar el máximo conocimiento ciudadano de la información que sea relevante para garantizar la transparencia, en aspectos que van desde la producción normativa, la planificación, la contratación, la gestión de subvenciones, los datos económicos y presupuestarios, las relaciones de puestos de trabajo, las ofertas públicas de empleo, procesos de selección del personal, número de liberados, o las retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos.

Entre otras novedades, la norma obligará a que se hagan públicas las agendas institucionales de los gobiernos autonómicos y locales. De igual modo, y a diferencia del proyecto legislativo estatal, la ley andaluza adelantará el momento en que se hacen públicos los textos normativos. Así, los anteproyectos de ley se publicarán una vez sean conocidos por el Consejo de Gobierno, previamente a su aprobación como proyectos. También se marcan diferencias en relación con la información económica, financiera y presupuestaria, con la obligatoriedad de publicar datos relativos a la deuda pública y al gasto en campañas de publicidad institucional.

Además, la norma obligará a que estos contenidos sean entendibles por ciudadanos; tengan acceso fácil y gratuito; se actualicen trimestralmente y cumplan legislación autonómica en materia de utilización de un lenguaje no sexista.

Obligaciones para los ayuntamientos

En lo que respecta a la administración local, la futura norma obliga a las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales; que se publique no sólo la versión final de las ordenanzas y reglamentos, sino también la final, mientras que los ayuntamientos tendrán que retransmitir, siempre que sea posible, en directo los plenos municipales, bien por internet, por televisiones locales o facilitar el acceso a un archivo grabado (los ayuntamientos pequeños contarán con el apoyo de las diputaciones), y estarán obligados a publicar las actas de los plenos.

Susana Díaz ha querido dejar claro que la autonomía local y la transparencia no están reñidas, de manera que ha confiado en que todos los ayuntamientos cumplan con la norma. "No se invaden, para nada, competencias de los ayuntamientos", ha sentenciado.

Ha señalado que es un documento "vivo", al que se pueden incorporar más aportaciones porque será objeto de un debate abierto.