El Gobierno valenciano está "abierto" a estudiar modificar la Ley 6/2002 de 2 de agosto del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, pero considera que se debe hacer "dentro de un debate más amplio en el que tengan cabida otras instituciones".

Así consta en el criterio del Consell, publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes, a una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista, en la que propone modificar privilegios de los exjefes del Consell porque "la actual situación difiere mucho de la de hace diez años" cuando la norma fue aprobada, "razón por la que se hace necesario adaptar a la coyuntura socioeconómica actual el contenido de esta ley".

En concreto, el PSPV propone limitar el apoyo del que pueden gozar los expresidentes de la Generalitat en sus desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana "sólo a los casos en los que esos desplazamientos sean debidos a su condición de expresidentes". También plantea la supresión de la oficina de apoyo a estos ex altos cargos.

Además, el grupo socialista plantea la pérdida de atribuciones, consideraciones y honores que a los expresidentes de la Generalitat reconoce la Ley 6/2002, cuando recaiga condena, mediante sentencia firme, que conlleve inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público.

Asimismo, el PSPV pide que la condición de miembro nato del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sea incompatible con el ejercicio de cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas, miembros de cualquier institución prevista en el Estatuto de Autonomía, instituciones de otras comunidades y los órganos del Estado establecidos en la Constitución.

El Consell ha emitido un criterio desfavorable a esta proposición de ley, porque aunque señala "no se opone a que la Ley 6/2002 sea objeto de reflexión y ajuste", y entiende que su interpretación y aplicación "se ha de acomodar a la realidad económica", cree que su modificación no debería plantearse "de manera fragmentada y unidireccional, como propone el grupo parlamentario socialista".

El Gobierno valenciano destaca que "está abierto a este debate" porque entiende que las instituciones han de ser "capaces de responder con eficacia a circunstancias y demandas cambiantes", pero subraya que "la regulación del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat ha de formar parte de un debate más amplio, en el que tengan cabida también otras instituciones".

"el debate deberá abordarse desde el diálogo"

"Un debate que habrá de abordarse desde la reflexión, el diálogo y la voluntad de consenso, con el objetivo de optimizar sus dimensiones y funcionamiento en el escenario de responsabilidad que propone el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que actualmente se tramita en las Cortes Generales", subraya el Consell en su dictamen acordado a propuesta del vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar.