El Valedor do Pobo, José Julio Fernández, ha insistido en que la comercialización de participaciones preferentes debería tener consecuencias "penales" para los que las comercializaron, porque "los fraudes tienen que tener un castigo en la vía penal". "Es evidente, es evidente" que se ha dado una situación de este tipo en el caso de la venta de estos productos bancarios, dijo.

Así lo indicó con motivo de la presentación ante la Comisión de Peticións del informe de gestión relativo a 2012, en la que consideró que las personas que "no fueron bien informadas" y que fueron objeto de "fraude", deben "recibir de inmediato todo lo invertido, sin quitas ni detrimentos de ningún tipo".

Sobre este asunto, la diputada nacionalista Tereixa Paz ha destacado que Galicia es una "de las cabezas movilizadoras", ha señalado que los afectados están "asistiendo a un nuevo engaño" a mayores del bancario. "Un engaño institucional", ha considerado la parlamentaria del Bloque en referencia a que el PP votó a favor de revocar la quita en Galicia, pero en contra en el Congreso.

Por su parte, la diputada socialista Patricia Vilán ha calificado como "loable" la actividad del valedor en esta materia, si bien ha echado en falta la inclusión de "cifras concretas" en el informe, más allá de las menciones al contenido.

Actividad del valedor

José Julio Fernández ha colaborado con la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la demanda civil, y también inició una queja de oficio en 2012, tras lo que se recibió un "elevado número de reclamaciones individuales". Concretamente, contó con 148 quejas por este motivo, a las que hay que sumar una que afecta a 3.000 pero que está trata de forma conjunta.

En el informe, el valedor do Pobo critica "la actuación en su momento" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y del Ministerio de Economía, que "fue nefasta" para proteger a la ciudadanía de los "abusos" de las entidades financieras.

José Julio Fernández explicó que la defensoría gallega ha intervenido ante el Instituto Galego de Consumo y solicitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como también se dio información y asesoramiento a múltiples afectados.

Vivienda y desahucios

Por otro lado, el valedor do Pobo se ha referido a la problemática de los desahucios sobre la cual ya se había pronunciado en la presentación del informe para insistir en que las entidades bancarias fueron "imprudentes" y "sobrevaloraron la capacidad de endeudamiento" de las personas que solicitaban una hipoteca.

De hecho, los desahucios, "abusos" de la banca y la situación de los afectados por las participaciones preferentes han centrado la actividad del Valedor do Pobo en 2012, año en el que ha registrado la cifra récord de 2.782 quejas, lo que supone 14 más que en 2011 y 386 más que en 2010.

Sobre el caso de la vivienda, la actividad del Valedor implicó una fase de recogida de datos con las entidades implicadas (como Stop Desahucios o Cáritas), y siguió con otras etapas que consistieron en comprobar los servicios sociales autonómicos y locales, mediación y "presión" con las entidades bancarias para que "flexibilizasen" y "reconsiderasen" sus posturas y coordinación con el Consello da Avogacía Galega. También actuó ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.

José Julio Fernández ha vuelto a poner encima de la mesa que la dación en pago puede ser una solución "justa" para los afectos y ha señalado que la reforma del decreto que se llevó a cabo (por el Gobierno central) puede "resultar en parte insuficiente". Asimismo, ha reclamado un "control de oficio de las cláusulas abusivas" y otorgar un alquiler social y una vivienda para las personas que se quedaron sin hogar.

El alto comisionado ha reivindicado que la labor realizada fue "eficaz", y ha resaltado que "en decenas de casos se consiguió ayudar verdaderamente a los afectados" de una ejecución hipotecaria. En la actualidad la institución mantiene el teléfono 981.571900 para asistir a los afectados por ejecuciones hipotecarias