Un total de 201.600 autónomos, 166.200 pymes y 75.000 jóvenes demandantes de empleo en Castilla y León se verán afectados por el Anteproyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización aprobado por el Gobierno central.

Las cifras se han puesto de manifiesto durante la Comisión de Asistencia al delegado del Gobierno en la Comunidad, Ramiro Ruiz Medrano, que se ha desarrollado este miércoles en Segovia con la participación de la subdelegada anfitriona, Pilar Sanz, y los otros ocho responsables de la Administración central en Castilla y León, además de representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En su análisis del Anteproyecto y su repercusión en la Región, la Comisión ha hecho hincapié en que se trata de una ley "integral y completa", que engloba la labor de prácticamente todos los departamentos ministeriales y que quiere facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial, desde la constitución de empresas y su régimen fiscal hasta el apoyo a la financiación o los incentivos fiscales.

El Anteproyecto complementa al Real Decreto Ley de 22 de febrero de 2013 de medidas laborales de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. El objeto de la nueva normativa es apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, impulsar el crecimiento y la internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han incidido en que tiene un ámbito de aplicación amplio y horizontal, al considerarse emprendedores todas las personas físicas y jurídicas que desarrollen una actividad económica productiva.

La Ley incluye la aplicación del IVA de caja para autónomos y pymes, que según los datos del Gobierno podría beneficiar hasta a 85.000 autónomos y 50.000 pymes en Castilla y León. Además, se calcula que se adelante el pago del IVA en una cuantía de 60 millones de euros en esta Comunidad.

En cuanto a las ayudas fiscales, los emprendedores castellanoleoneses podrían ahorrarse 120 millones de euros. Aproximadamente 24.000 beneficiarios entre personas físicas y pequeñas empresas podrían acceder a deducciones en el impuesto de sociedades en Castilla y León en el caso reinversión de beneficios. El ahorro en la Región supondría 37 millones de euros. Por otra parte, los incentivos fiscales a la inversión I+D+i supondrían 25 millones.