El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de nueve días al alcalde de Lora del Río (Sevilla), Francisco Javier Reinoso (PSOE), al interventor y al tesorero para que se personen en las actuaciones relacionadas con los dos funcionarios detenidos en marzo de 2011 después de ser descubierto que a lo largo de casi 15 años habrían desviado más de un millón de euros de las arcas públicas hacia sus propios bolsillos, a través del cobro de nóminas ficticias.

En una providencia dictada el pasado 7 de mayo, consultada por Europa Press, recuerda que tanto el alcalde como el interventor y el tesorero ya fueron "declarados presuntos responsables contables subsidiarios del alcance" producido en el Ayuntamiento de Lora del Río, tal y como se señaló en el acta de liquidación provisional.

Según el Tribunal de Cuentas, este alcance se habría producido supuestamente "como consecuencia de la existencia de presuntas irregularidades consistentes en el desvío, a cuentas particulares de empleados municipales destinados en el departamento de Personal de la Corporación, de fondos municipales destinados a gastos de personal, simulando contrataciones de trabajadores o señalando jornadas de trabajo superiores a las realmente trabajadas".

Pues bien, el consejero de Cuentas emplaza a estas tres personas a fin de que "comparezcan en autos, personándose en forma dentro del plazo de nueve días", con suspensión, "entre tanto, del plazo señalado al Ayuntamiento de Lora del Río para formular demanda".

Los dos funcionarios, identificados como A.M.L.G. y M.P.C., respectivamente, están imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lora del Río a cuenta de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y falsificación de documento público, pues habrían creado identidades falsas para ingresar, con cargo al Ayuntamiento, nóminas ficticias en sus cuentas a lo largo de cerca de 15 años.

Las diligencias practicadas inicialmente, en ese sentido, ponían de relieve movimientos en más de 20 cuentas corrientes que estaban a nombre de los imputados, así como 1.100 transferencias fraudulentas, 5.000 nóminas falsificadas y 30 identidades ficticias.