El Principado dice que las competencias sobre el vertedero ilegal de Guimarán no están claras

La consejera de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Belén Fernández, ha manifestado este martes que hoy por hoy no hay pruebas que permitan determinar el origen de los residuos que durante años se depositaron en el vertedero ilegal de Guimarán, con lo que no queda claro que la competencia sancionadora sea de la Administración regional.

La consejera de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Belén Fernández, ha manifestado este martes que hoy por hoy no hay pruebas que permitan determinar el origen de los residuos que durante años se depositaron en el vertedero ilegal de Guimarán, con lo que no queda claro que la competencia sancionadora sea de la Administración regional.

Así la consejera ha indicado que el Principado no elude responsabilidades pero tampoco está dispuesto a asumirlas sin más. "En el informe remitido por la técnico municipal no hay información concluyente ni sobre el origen de los residuos, ni sobre las fechas", ha indicado la consejera, que ha añadido que se ha encargado ya la apertura de un expediente informativo para conocer los detalles de todo lo ocurrido en torno al vertedero una vez recibidos todos los expedientes municipales de manera íntegra por primera vez desde 1999.

Fernández ha comparecido en comisión para dar explicaciones sobre el vertedero ilegal que se ubicó en dos parcelas del barrio de La Rebollada, en Guimarán, en el municipio de Carreño en el que durante diez años se depositaron más de 50.000 metros cúbicos de basura, escombros y metales pesados sin licencia y en una zona protegida, lo que puede conllevar la declaración del lugar como zona contaminada y cuyos terrenos están actualmente cubiertos de vegetación.

La consejera ha explicado la historia del vertedero y ha indicado que fue el Principado quien halló el vertedero y quien solicitó información al Ayuntamiento de Carreño y no al revés. Ha indicado que se ha abierto un expediente informativo y ahora son varias las cuestiones a dilucidar, la primera es la competencia sancionadora, además de si la infracción está prescrita, y si lo está si ha habido impacto ambiental.

La diputada de Foro, Carmen Fernández, ha indicado que ha habido dejadez por parte de ambas administraciones, tanto por el Ayuntamiento como por la Consejería, algo que a su juicio es una tónica general en las administraciones socialistas.

Desde el PP, la diputada Victoria Delgado, ha acusado a la consejera de "disfrazar lo ocurrido durante años y años" y ha manifestado que la consejera pretende ahora "endosar el marrón al ayuntamiento de Carreño".

IU ha indicado que es necesario ser prudentes ante el proceso abierto por Fiscalía, aunque han mostrado su inquietud por lo ocurrido en más de diez años, mientras que el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha puesto en cuestión la utilidad de la comisión y ha destacado la necesidad de esperar a conocer el informe encargado para conocer todo lo ocurrido.

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