El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla prevé tomar este miércoles declaración a los últimos miembros del colectivo de familias que habitan sin vínculo jurídico alguno un bloque de viviendas de renta libre de la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro. Hasta el momento, a todos los miembros del colectivo que han prestado declaración se les ha atribuido un presunto delito de usurpación y, en todos los casos, el juzgado ha requerido el desalojo voluntario de las viviendas, si bien tras este miércoles podría mediar una resolución judicial más determinante.

Francisco Canela, coordinador del grupo de abogados '17 de marzo', que asiste a este colectivo de familias, ha informado a Europa Press de que este miércoles están citados los últimos vecinos imputados. En todos los casos, el juzgado ha requerido el desalojo voluntario pero "inmediato" de las viviendas, toda vez que sigue pendiente la negociación abierta con la propiedad.

Y es que las familias esperan una nueva reunión de la mesa de negociación conjunta formada por las administraciones autonómica y local, la propiedad de las viviendas; en este caso la sociedad limitada 'residencial Murillo', participada por Ibercaja, y en calidad de mediador José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. En el marco de esta negociación, según el colectivo de familias, mediaría ya una propuesta para avanzar en el conflicto con alquileres sociales de un periodo prorrogable de un año.

La propiedad de los inmuebles, de su lado, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".