La presidenta del Partido Popular (PP) del municipio malagueño de Benalmádena y alcaldesa, Paloma García Gálvez, ha exigido a la Junta de Andalucía que ofrezca las "garantías económicas necesarias" para poner en marcha en la localidad el decreto de medidas contra la exclusión social.

Así, ha lamentado que este programa deje a los ayuntamientos "en una situación comprometida", puesto que "los obliga a adelantar una importante suma de dinero que no está contemplada en los presupuestos y que aumentará el endeudamiento de las administraciones locales".

García Gálvez, acompañada por el parlamentario andaluz del PP Antonio Garrido y por el secretario general del PP local, José Antonio Serrano, ha afirmado que el Ayuntamiento "ha cumplido" con este decreto, siendo ahora el turno del Gobierno autonómico. "Aporta medidas cortoplacistas, demasiado breves y sin ninguna continuidad", ha señalado.

"Este decreto es un regalo envenenado para los ayuntamientos pues nos exige que asumamos competencias que son impropias y que corresponden a la Junta", ha apuntado la presidenta del PP, que ha criticado que "el Gobierno andaluz está reduciendo y recortando partidas como el Patrica que tanta falta hacen para aplicarlas en otros menesteres".

Para la regidora, el Ejecutivo de PSOE e IU "ha vuelto a dejar la pelota en el tejado de los ayuntamientos, ya que nos obliga a adelantar un dinero sin garantías". Además, ha recordado la "deuda acumulada" de la Junta con las administraciones locales que, en el caso de Benalmádena, según ha precisado, "asciende a 2,6 millones de euros: 2,1 millones en planes de formación que afectan a 141 parados, 100.000 euros en materia de igualdad y mujer, y 400.000 euros en ayudas a domicilio, atención a la dependencia y equipo de tratamiento familiar".

Aplicación cuando llegue el dinero

A pesar de ello, ha informado de que los técnicos ya han solicitado el dinero que le corresponde y que asciende a 286.651,20 euros, que se destinarán a la contratación de 120 trabajadores por una duración de tres meses y con una retribución bruta mensual de 575 euros a tiempo parcial. Esa cantidad, ha agregado, ascenderá hasta los 300.000 euros "pues tendremos que hacer frente a los planes de prevención de accidentes y a la uniformidad".

"Estamos trabajando en este decreto porque el empleo es lo que nos ocupa y preocupa a todas las formaciones políticas, y así debe ser", ha manifestado, incidiendo en que las contrataciones se pondrán en marcha "siempre que estos 286.000 euros lleguen a Benalmádena con carácter previo, porque no podemos adelantar ese dinero, ya que eso supondría un mayor endeudamiento para nuestras arcas municipales y una asfixia económica".

Garrido, por su parte, ha considerado este decreto como "una estafa para los andaluces, una mentira que al PSOE le ha ido muy bien". "La Junta pretende engañar una vez más a la ciudadanía y lo hace a través de este decreto de exclusión social, que lejos de acabar con el desempleo es pan para hoy y hambre para mañana", ha sostenido.