La concejala de Normalización Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez, ha lamentado este lunes que el "foco" mediático esté centrado en el Consistorio de la capital gallega, donde tres ediles del equipo de gobierno y el alcalde están actualmente imputados, toda vez que el último regidor socialista, Xosé Sánchez Bugallo, "llegó a estar imputado hasta tres veces".

"Es cierto que hay un número de personas imputadas, pero también cuando estaba gobernando el PSOE", ha sostenido, tras ser preguntada sobre la Operación Pokémon, que la salpica a ella misma, al concejal de Deportes, Adrián Varela, y al actual regidor, Ángel Currás.

En este sentido, en relación a si le preocupa el daño a la imagen de la ciudad, Domínguez ha insistido en que, durante la pasada legislatura, las imputaciones del primer edil socialista "eran las mismas o aún más" pero "esto no salía en la prensa ni tenía el mismo tratamiento informativo". "Nos toca gobernar en tiempos difíciles", ha subrayado.

Cuestionada entonces sobre una posible persecución, ha descartado este extremo, pero ha destacado que "los tiempos cambiaron" y ahora son "muy difíciles para la política". Y a ello ha sumado el "dato objetivo" de que, en otras épocas, "el foco informativo no estaba centrado en Compostela como ahora".

Ello, a pesar de que, como ha relatado, hubo "numerosas imputaciones" por asuntos locales "no sólo de políticos" sino también "de funcionarios". "Incluso con funcionarios condenados", ha enfatizado la concejala, antes de hacer hincapié en que "aunque la figura de la imputación era la misma, el interés informativo cambió".

"carga semántica" de la imputación

Dicho esto, Domínguez ha apelado a su condición de jurista para recordar que "una imputación no supone más que una garantía procesal". "Ni más ni menos", ha remarcado, y ha pedido que "quede claro que aquí nadie es culpable por el mero hecho de ser llamado a declarar como imputado".

"Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha reivindicado, antes de rebatir que los jueces deciden las imputaciones una vez aprecian indicios de delito. Y es que, desde su punto de vista, "el modo de proceder de los jueces es muy distinto, y la figura del imputado es un concepto un poco subjetivo".

Así, como ha dicho, los magistrados optan "muchas veces" por esta vía "para salvaguardar a quien es llamado a declarar", a fin de que pueda acudir con abogado. Preguntada entonces sobre las imputaciones que se mantienen en el Consistorio santiagués después de haber prestado declaración, ha resuelto que "eso depende del modo de proceder de los jueces". "Son quienes fijan los parámetros", ha zanjado.

Finalmente, ha lamentado que "la imputación tiene una carga semántica tan fuerte" que "parece que la presunción de inocencia se echa abajo". "Y eso no debería ser nunca así en un estado democrático de derecho", ha sentenciado.

"TRABAJAR"

En todo caso, para Rebeca Domínguez, lo que deben hacer ahora los miembros del Ejecutivo local es "continuar trabajando" para "sacar el trabajo adelante". "Aunque las circunstancias sean adversas", ha apostillado, sin obviar que el Gobierno municipal debe dedicarse a "gestionar y solucionar los problemas de los ciudadanos".

"Y creo que salta a la vista que el funcionamiento del ayuntamiento sigue adelante, que se siguen sacando adelante proyectos y que seguimos trabajando con normalidad", ha defendido, para sintetizar que "el trabajo se está llevando a cabo exactamente igual que antes de que ocurriera todo esto". "Y es por lo que creo que nos tienen que evaluar los ciudadanos", ha opinado.

Al hilo de ello, acerca de los abucheos que recibió el alcalde en la celebración, el pasado sábado, del Día del Orgullo Friki en la Praza do Obradoiro, la responsable de Normalización Lingüística ha asumido que "hay gente disconforme" y ha puesto en valor que esas personas "tienen toda la libertad del mundo para manifestarlo".

Petición de dimisiones

En la misma línea, preguntada cuál sería su opinión como vecina de Santiago de la situación que se vive en el Pazo de Raxoi, ha asegurado que se basaría en que "aquí nadie es culpable hasta que sea condenado".

"Quien tuvo que dimitir por las consecuencias que acompañaron a su imputación ya lo hizo y, como jurista que soy, respecto a las imputaciones presentes, lo que pensaría y lo que pienso es: respeto absoluto a la presunción de inocencia", ha sostenido, aludiendo así a la renuncia de Albino Vázquez a la Concejalía de Tráfico tras quedar libre bajo fianza de 15.000 euros después de declarar ante la jueza Pilar de Lara por su implicación en la Operación Manga, derivada de la Pokémon.

De todas formas, sobre si entiende las críticas de la oposición, Domínguez ha afirmado que, en legislaturas anteriores, el PP "no pidió dimisiones, sino precisamente respeto a la presunción de inocencia de los imputados". "Es lo mismo que solicitamos ahora desde el Gobierno", ha remachado.

Situación judicial del ayuntamiento

En el marco de la Operación Pokémon, que investiga una supuesta trama de corrupción en diversos ayuntamientos, no sólo están siendo investigados Rebeca Domínguez, Adrián Varela y Ángel Currás; sino también el exregidor popular Gerardo Conde Roa; el que fuera su jefe de gabinete, Ángel Espadas; y el mencionado Albino Vázquez.

A mayores, a otro concejal del PP, Juan de la Fuente, se le imputa un supuesto delito de falsedad documental en relación al caso de unas facturas supuestamente falsificadas.

Asimismo, sobre Currás pesa otra imputación, por supuestos delitos de prevaricación y acoso moral a un agente de la Policía Local. En esta causa también figuran Albino Vázquez y la asesora para la coordinación de los cuerpos de seguridad en Santiago, Mar Hinojosa, además de Conde Roa, quien dejó la Alcaldía en abril de 2012 acusado de un delito fiscal, tras no abonar más de 291.000 euros correspondientes al IVA de 61 viviendas vendidas por su inmobiliaria.