Las tres acusaciones y las cuatro defensas del juicio por el vertido de amoniaco al río Besaya en 2008 han mantenido en sus informes finales las discrepancias sobre las causas de la mortandad de los cerca de 40.000 peces, así como sobre la valoración de las indemnizaciones para la recuperación de este espacio.

En la tercera y última vista de este juicio, que se ha celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal número Tres de Santander, y que ha quedado visto para sentencia, ambas partes han diferido también sobre la autoría del vertido.

Las acusaciones han considerado que "existe una relación de causalidad" entre los trabajos que realizaron los operarios de Johnsons Control en la empresa Froxá y el vertido por sus "concordancias temporales, espaciales y cualitativas".

Sin embargo, las defensas han cuestionado esta afirmación porque, a su juicio, "los peces no fueron analizados por lo que no hay cuerpo del delito y no hay autopsia" y los peritos no han despejado el "nivel de incertidumbre" sobre su muerte.

Las indemnizaciones también han sido un punto de desencuentro entre las partes, ya que la Fiscalía y Ecologistas en Acción apoyan la petición del Gobierno de Cantabria, que las ha valorado en cerca de 500.000 euros, mientras que las defensas de Froxá y Johnsons Control, a quienes se les pide responsabilidad civil subsidiaria, las estiman en poco más de 60.000 euros.

Las defensas de los acusados también han apoyado esta última cifra al considerar que la responsabilidad se debe calcular aplicando la ley estatal de Responsabilidad Ambiental y no la autonómica de Pesca como solicita la letrada del Ejecutivo.

La consideración de que los tres acusados, un operario y un jefe de servicio de Johnsons y el jefe de mantenimiento de Froxá, sean juzgados por vía penal y no administrativa también ha sido objeto de las diferencias entre acusaciones y defensas.

Mientras la Fiscalía ha afirmado que los actos son constitutivos de "disposición penal" al haber vulnerado las leyes de Aguas y Residuos con imprudencia grave, pidiendo por ello a los acusados una condena de 18 meses de prisión, petición apoyada por las acusaciones del Gobierno de Cantabria y Ecologistas en Acción.

Por el contrario, las defensas de los tres acusados han solicitado la libre absolución. En el caso del jefe y operario de Johnsons, porque cree que actuaron "de acuerdo al manual" y que modificaron el procedimiento para "minimizar" las afección de los gases amoniacales a los vecinos de Cartes, que "ya se habían quejado" con anterioridad.

El abogado del jefe de mantenimiento de Froxá ha reiterado constantemente "no entender" por qué su patrocinado está imputado, ya que "lo único que hizo fue coger el teléfono en su día de vacaciones" y cuando le llamaron "los peces ya habían muerto" y el vertido "se había producido horas antes".