El director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, ha revelado que la Xunta reclamó al Gobierno central una ponderación "específica y singular" con el objetivo de hacer posible "una solución económicamente competitiva y medioambientalmente sostenible" que favorezca la viabilidad de las cuatro plantas de biodiésel gallegas.

En concreto, según ha explicado el alto cargo de la Consellería de Economía e Industria en la comisión parlamentaria del ramo, la solicitud de Galicia pasa por realizar "una ponderación específica" para la asignación de cuotas "teniendo en cuenta las distancias existentes entre las fábricas de producción de biocarburantes y las refinerías de referencia".

En su propuesta, el Ejecutivo autonómico dejó "constancia" de la presencia en la Comunidad gallega de una fábrica de carburantes "a menos de 10 millas náuticas" de una refinería "de referencia como es Repsol, que va a suministrar todo el cuadrante noroeste de la península".

De este modo ha dado respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Carme Adán, quien mostró la "preocupación" de su grupo por los empleos de la planta de biodiésel de Ferrol. "Pienso que esos señores trabajadores de Ferrol que usted conoce perfectamente, y que yo también, quedarán contentos y quedarán por lo menos satisfechos con esta respuesta", ha resuelto.

"seguidismo cuando hay que hacerlo"

Además, y ante las acusaciones de Adán de "seguidismo" de las decisiones que adopta el Gobierno central, Bernardo Tahoces ha admitido que la Xunta hace "seguidismo cuando hay que hacerlo". "Cuando no, plantamos cara", ha subrayado.

Así, el director xeral ha opinado que la nueva normativa estatal —el Real Decreto Ley 4/2013— que reduce los objetivos de utilización de biodiésel "está plenamente justificada" puesto que "no tiene otro objetivo que contener los precios de los carburantes".

A raíz de esto, la diputada nacionalista ha reprochado a los populares echar "la culpa" a las energías renovables, que es a las que "penalizan" y con ello "condenan al sector a una parálisis". El responsable de energía le ha replicado que la "condena" del sector del biodiésel no la firmó el Gobierno de Mariano Rajoy sino "un mal dimensionamiento y una mala planificación" durante la época de Zapatero.

"baja ejecución presupuestaria"

Por otra parte, en la misma comisión, el socialista José Luis Méndez Romeu ha criticado los niveles "escandalosamente bajos" de ejecución presupuestaria del actual Gobierno, en concreto el ejercicio pasado, donde ha cifrado en casi 1.000 los millones que quedaron "sin ejecutar" en áreas básicas para la dinamización económica.

Ante esto, el secretario xeral técnico de la Consellería de Economía e Industria, Borja Verea, que ha destacado el "compromiso" en inversión de la Xunta, ha respondido a Méndez Romeu que su comparativa de cifras "no es razonable" puesto que cambios en las técnicas normativas de la presupuestación "pueden alterar los porcentajes".

"ningún proceso privatizador"

Por último, el director xeral del Instituto Galego de Estatística (IGE), José Antonio Campo Andión, ha negado que exista "ningún proceso de privatización" en la realización de trabajos en Galicia de recogida de información para la encuesta de población activa (EPA).

La viceportavoz parlamentaria de AGE Yolanda Díaz ha hablado de un "encarecimiento" del servicio al ser contratado, mientras "empeora" la calidad del mismo. Sin embargo, Campo Andión ha contrapuesto la cifra de 2008, cuando el conjunto del servicio costó unos 950.000 euros, al que contempla la resolución de marzo de este año, que ha fijado en 338.800 euros.

Además, ha aseverado que, a diferencia del momento en que arrancaron estos trabajos, que se desarrollan al amparo de un convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el organismo gallego destina ahora personal propio para recabar la información necesaria.