El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno la creación de un nuevo puesto eventual de Coordinador de Presidencia que asumirá las labores desarrolladas hasta ahora por el consejero delegado de Presidencia, Fernando Rubio, pero con menores funciones ejecutivas tras una sentencia del Tribunal Constitucional.

El cargo será desempeñado por el propio Fernando Rubio que, como consecuencia de la sentencia del TC no podrá participar en los plenos ni en la Junta de Gobierno y tampoco contará con firma ejecutiva para aprobar contrataciones y otros asuntos municipales.

Esta capacidad ejecutiva pasará por el momento a depender del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, aunque cabe la posibilidad de que en un futuro se apruebe un decreto para que también pueda quedar a cargo de otro concejal. De hecho, Fernando Rubio ha considerado positivo que se diera esta segunda posibilidad.

Mientras tanto, como ya había apuntado el primer edil vallisoletano, se entiende que se podrá invitar a Fernando Rubio a participar, aunque sin voto, en las reuniones de la Junta de Gobierno por la posibilidad que recoge el Reglamento municipal de invitar a cargos directivos del Ayuntamiento.

El ahora coordinador de la Presidencia ha recalcado que continuará con el desarrollo de las políticas públicas previstas

En la Junta se ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para incluir el nuevo puesto eventual con la denominación de coordinador de la Presidencia, adscrito a la Alcaldía. El cargo mantendrá una retribución "similar" a la que tenía hasta ahora, de entorno a 70.000 euros brutos anuales como ha apuntado Rubio en declaraciones a Europa Press.

En el Área de Desarrollo Sostenible, se han desestimado las alegaciones presentadas por la mercantil Espacio Comercial Malauva, respecto a la sanción impuesta a la vinoteca situada en la calle Arribas, por una infracción muy grave tipificada en el artículo 53 de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León, lo que ratifica la multa de 12.001 euros por superar los niveles permitidos.

El procedimiento sancionador fue iniciado por superar los valores límite de ruido permitido en más de diez decibelios en la medición efectuada en la vivienda superior al citado local, hecho tipificado como infracción administrativa muy grave, e incluía como medias correctoras el incremento del aislamiento acústico y la retirada del equipo musical.