IU-Verdes ha expresado este jueves su apoyo al informe del Colegio de Trabajo Social sobre el "incumplimiento" de la ley de Dependencia por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y ha exigido al Gobierno regional que "pague por las irregularidades cometidas".

Así lo ha indicado en un comunicado la responsable de Política Social de IU-Verdes, Adoración Peñas, quien ha asegurado que su organización "también ha denunciado en reiteradas ocasiones las múltiples irregularidades del IMAS en la aplicación de esta ley desde su entrada en vigor, en 2006".

Peñas ha insistido en que si la Fiscalía "decide iniciar un procedimiento contra el IMAS, se deberían investigar también los errores derivados de la negligencia consciente de la Administración en el caso de personas que han fallecido esperando recibir las ayudas".

Así, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "aniquilar" el sistema de protección a la dependencia y "abandonar" a uno de los colectivos que, a su juicio, "se encuentran entre los más necesitados de protección social por parte de los poderes públicos".

"Es intolerable que una de cada tres personas que tienen reconocido el derecho a los servicios y prestaciones no recibirán ningún tipo de respuesta o que el Gobierno regional modifique la ley para que cuando el IMAS incumpla los plazos y la persona fallezca, no se tengan que abonar las prestaciones", lamenta.

Para Peñas, la Fiscalía "debería iniciar un procedimiento contra el IMAS por las barbaridades que el Gobierno está cometiendo contra las personas dependientes y sus familias, que no son sujetos adictos a la beneficencia sino personas que tienen derecho a recibir esta prestación social".

También ha criticado que el IMAS "establezca unas tasas que no contemplan excepciones a personas sin recursos económicos y deje al 32,68 por ciento de los solicitantes con derecho a recibir ayudas o prestaciones sin recibir ningún tipo de servicio".

Además, ha considerado "inconcebible" que "ningún solicitante se beneficie de la ayuda a domicilio cuando casi el 80 por ciento de los beneficiarios son mayores de 65 años".