El sindicato Comisiones Obreras ha advertido de que la reforma de la Administración local "va a la contra" del sistema democrático actual y del Estado del Bienestar, al tiempo que supondrá la pérdida de condiciones y derechos laborales. Sobre este último asunto, CCOO ha alertado de que en Cantabria implicará la desaparición de un millar de empleados públicos, de los 6.200 puestos que hay en los ayuntamientos.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa el secretario general estatal de la Administración Local del sindicato, Joan Gassul, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) en Cantabria, Javier Báscones, quien ha precisado que la Administración autonómica, con la situación de crisis y teniendo en cuenta los "recortes", no va a "hacerse cargo" de ese millar de puestos de trabajo, que se perderán, según ha apuntado, por servicios sociales básicos que "pueden desaparecer".

En este sentido, ha indicado que la pérdida de empleo afectará a servicios que prestan los municipios, como guarderías infantiles o aulas de adultos, entre otros, lo que se unirá a "recortes" en los transportes y medios de comunicación, especialmente en los ayuntamientos más pequeños. También desaparecerá personal en el ámbito de la ayuda a domicilio, donde se impondrán tasas a los usuarios del servicio, según ha manifestado.

A este respecto, ha apuntado que el impacto de la implantación de tasas e impuestos al ciudadano rondará de media los 400 euros por habitante en grandes ciudades, como la capital cántabra, aunque los datos "no difieren" de municipios de menos de 20.000 habitantes, donde sería de unos 350 euros, ha señalado Báscones.

En cualquier caso, ha indicado que la reforma de la Administración local no sólo incidirá en este sector, sino también al privado, ya que empresas que desarrollan diferentes proyectos y "viven" de los servicios públicos también se van a ver afectados.

Tras recordar que Cantabria tiene una estructura "muy peculiar", ya que sólo uno de sus 102 ayuntamientos tiene más de 100.000 habitantes —Santander— mientras que únicamente cinco superan los 20.000 vecinos, el sindicalista ha expresado que la región es "una isla" dentro de la reforma de la Administración local, pues el 95% de los municipios tienen poca población.

Con todo ello, ha alertado que, además de la pérdida de empleos públicos, la reforma de la Administración local va a provocar "mayores diferencias" entre los ciudadanos.

Al hilo de lo anterior, Gassul ha comentado que, de acuerdo con el anteproyecto de la reforma, el hecho de que los servicios se presten bajo "precios tasados" puede implicar que el coste de los mismos sea el mismo en comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia, Extremadura o Cantabria, ha citado.

Asimismo, cree que la introducción de tarifas implicará una rebaja salarial o de personal, al tiempo que planteará que la administración autonómica tenga que prestar directamente el servicio del que se hacía cargo la local o externalizar dicho servicio. "Nos tememos lo peor", ha confesado Gassul, para vaticinar la privatización de servicios, toda vez que a la administración le sale "más rentable". Se trata, ha dicho, de "un nicho que quieren abrir a la iniciativa privada".

INEFICACIA

Después de apuntar que 5.900 de los más de 8.000 ayuntamientos españoles —78 en Cantabria— son "ineficientes", ha apuntado que habrá que estudiar a qué se debe esa "ineficacia", pues, a su juicio, muchos consistorios están en situación "precaria" precisamente por la "falta de financiación" de servicios que están prestando. "Es muy fácil decir que son ineficaces sin entrar al fondo del porqué", ha apostillado.

Por otro lado, ambos sindicalistas han señalado que en sólo 42 ayuntamientos hay representación sindical que permita negociar convenios colectivos, lo que a sus ojos es "otro ataque" a los ciudadanos por parte del Gobierno, que está "jugando con mala fe y mala voluntad".

Debido a todo lo anterior, Comisiones Obreras puso en marcha el pasado mes de marzo una campaña informativa contra la reforma de la administración local, que ha incluido la presentación de mociones en los ayuntamientos o la recogida de firmas de los ciudadanos a través de Internet para pedir la nulidad del proyecto.