BILBAO, 19 (

Europa press

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, cuya cuestión prejudicial fue respaldada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha defendido la dación en pago como solución para quienes, en esta época de grave recesión, no pueden hacer frente a su hipoteca, y ha afirmado que es "un remedio que permitiría que el Parlamento se reconciliara con la gente de la calle".

Por otra parte, se ha preguntado por qué se acepta la expropiación para acometer la construcción de infraestructuras, como las autopistas, y "nos echamos las manos a la cabeza" ante la posibilidad de expropiar del uso de las viviendas hipotecadas, como ya ha aprobado la Junta de Andalucía, "para evitar una situación de exclusión social".

Fernández Seijo recibirá el próximo fin de semana en San Sebastián, durante el Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el Premio Chamorro, que reconoce "a personas o asociaciones que contribuyen a un mundo más justo".

El juez de Barcelona presentó en el TJUE una cuestión prejudicial sobre el proceso de ejecución hipotecaria española. La Justicia europea le dio la razón, al determinar que la regulación de los desalojos judiciales por impago de la hipoteca vulnera el derecho sobre protección de los consumidores porque impide al afectado defenderse de las cláusulas contractuales abusivas. Ello ha conllevado la modificación de la Ley.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández Seijo ha aludido a la aprobación de la Ley Antidesahucios, que no ha tenido en cuenta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclamaba la dación en pago.

Según ha recordado, esta vía ya "se aplica con normalidad a las empresas con procesos concursales" y se trataría de "generalizar" a los consumidores lo que "se ha reconocido a las sociedades en la Ley Concursal". "Es un remedio que permitiría que el Parlamento se reconciliara con la gente de la calle. Tendría un efecto simbólico importante", ha manifestado.

El magistrado cree que la Ley de protección de Deudores Hipotecarios tiene "varias disfunciones", como haber "vaciado de contenido la ILP de la dación en pago y frustrar de contenido las expectativas de miles de ciudadanos que la habían firmado".

"Tampoco da solución a las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido durante la crisis. A esa gente que ya ha perdido sus viviendas, no se les va a reparar", ha lamentado.

También ha criticado el Código de Buenas Prácticas, "bastante farragoso", que durante los meses de aplicación "se ha mostrado insuficiente". "Las estadísticas demuestran que muy pocos ciudadanos pueden acogerse a este beneficio, y que genera cierta inseguridad judicial, porque no paraliza el pago de intereses ni da solución al problema fundamental: que la gente no paga porque no puede, no porque no quiere", ha explicado.

EXPROPIACIÓN

José María Fernández Seijo se ha referido la posibilidad de expropiar del uso de las viviendas embargadas por las entidades financieras, una iniciativa que la Junta de Andalucía ha aprobado mediante un decreto ley.

Según el magistrado, la materia de vivienda, al igual que la de consumidores, ha sido transferida "hace muchísimos años" a las comunidades autónomas, por lo que se debe "aceptar que puedan legislar en el acto de sus competencias".

Además, ha indicado que "la expropiación está normalizada en el ámbito administrativo". "Aceptamos que se expropie para construir una estación de tren, una autopista o para que se construya un parque. Si, en ese caso, hemos aceptado la función social de la propiedad. ¿Por qué nos escandalizamos, nos echamos las manos a la cabeza, cuando expropiamos en interés de un particular, en interés de una situación de exclusión social?", se ha preguntado.

Desde el punto de vista técnico jurídico, ha dicho que el problema radica en "determinar en qué momento se expropia, para saber a quién estamos expropiando, porque si se expropia antes del lanzamiento, se está expropiando al consumidor, al deudor, no a la entidad financiera".

Otro aspecto sería el del "justiprecio", es decir, analizar "de qué manera se paga la indemnización por parte de las administraciones una vez que hayan expropiado".

Fernández Seijo defiende la idea de no desalojar viviendas hasta que no exista un comprador, algo que ya aplican países como Alemania, y buscar las mismas fórmulas que "han quitado tensión social".

En Francia, según ha dicho, "durante los meses de invierno no hay ejecuciones" hipotecarias y, en Alemania, "se establece que no se pueden dar hasta que no se ha producido un impago de, al menos, un 10% del préstamo".

Por el contrario, ha precisado que "en España se ejecutan hipotecas en los que el deudor ha dejado de pagar un 1% del préstamo". "De hecho, la Ley que ha entrado en vigor esta semana establece un umbral de tres impagos de cuotas y, en principio, los tres impagos de cuotas son equivalentes a un 0,8 ó 0,9% de la deuda", ha asegurado.

Asignatura pendiente

Fernández Seijo se ha mostrado convencido de que, en el ámbito de protección a los consumidores, existen más temas en los que avanzar respecto a otros países como Alemania o Francia.

En su opinión, "la asignatura pendiente" del sistema español es "la insolvencia de los particulares", de forma que se establezcan mecanismos "para que se pueda, incluso, perdonar deudas en el marco del procesos concursales de consumidores". "Es el gran reto del legislador y de los jueces mercantiles", ha precisado.

El magistrado considera que, en lo referente a la tutela de los consumidores, la legislación europea, desde finales del siglo XX, "ha ido mucho más lejos que la española.

Además, se ha mostrado crítico con la Ley de Tasas porque "está perjudicando a la parte más débil" ya que "los grandes litigantes, al final, repercuten las tasas a sus clientes". "A quien perjudica es al litigante ocasional, que tiene que hacer frente a un gasto adicional, desproporcionado y que es un elemento disuasorio", ha opinado.

CUESTIONES

La cuestión prejudicial que ha logrado modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria español es la segunda que este magistrado ha planteado, con éxito, en Luxemburgo y ha admitido que la resolución del Tribunal europeo ha cambiado la actitud de las entidades financieras que "ya, desde el informe del abogado general, en noviembre del año pasado, dieron muestras de sensibilidad social".

"Creo que no se puede meter a todas las entidades financieras en el mismo saco. Hay que distinguir unas y otras porque algunas de ellas, desde el primer momento, han tenido esa sensibilidad", ha indicado.

En este sentido, ha citado ejemplos como el de Kutxabank, "uno de los primeros en anunciar que no iba a ejecutar"; la Caixa, que "ha buscado vías alternativas" a los desahucios; o a diversas actuaciones de la Asociación Española de Banca (AEB) "con el fin de buscar soluciones y dar seguridad jurídica".

Premio chamorro

El magistrado se ha mostrado satisfecho ante la concesión del Premio Chamorro, que la UPF le entregará el próximo fin de semana en San Sebastián. "Como miembro de Jueces para la Democracia (JpD), hemos tenido muchos proyectos comunes con la UPF, por lo que para mí es como si fuera mi propia asociación la que me lo concediera", ha manifestado.

Además, según ha recordado, tanto sus padres como él mismo, tuvieron ocasión de conocer y tratar a Jesús Vicente Chamorro, fiscal que da nombre al galardón, un histórico en la lucha por la democracia y en la época de la transición.

"Tanto a Jesús Vicente Chamorro como a su familia les tengo muchísimo cariño. Conocí a Chamorro cuando tenía 13 años, y su ayuda ha sido muy importante para mi desarrollo personal y profesional", ha concluido.