La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este viernes al Gobierno de la Nación que "retire la reforma" de la Ley del Aborto que promueve el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y se centre en el desarrollo de la normativa vigente en la actualidad.

Díaz ha hecho este llamamiento al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy durante la presentación en Sevilla del denominado 'Pacto andaluz por la igualdad de género', en presencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de representantes de asociaciones de mujeres que han participado en su elaboración aportando más de 500 propuestas.

"Pedimos al Gobierno de la Nación que retire la reforma que promueve de la Ley del Aborto y aplique la norma vigente porque no queremos retroceder a tiempos pasados", ha dicho la titular andaluza de Igualdad entre los aplausos de un auditorio que abarrota el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo.

En concreto, el documento del pacto exige al Gobierno central que mantenga "intacta" la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo por considerar que su reforma "retrotraería a España a una época de clandestinidad e inseguridad sanitaria y jurídica, ajena al resto de la UE y muy alejada de las propias recomendaciones de la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos o la Organización Mundial de la Salud".

El presidente ha indicado en su posterior intervención que la impugnación del derecho a decidir de la mujer sobre su propia maternidad es una de las claras manifestaciones "de que la crisis está provocando, además de retrocesos en el empleo y en el nivel de vida, retrocesos humanos, de igualdad de género".

Susana Díaz ha indicado que, sin duda, hay que seguir luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres, porque en estos momentos de crisis muchos de los logros se están poniendo "en peligro" y medidas de la derecha están suponiendo una clara "involución ideológica".

Entre las medidas que se recogen en el Pacto andaluz por la igualdad, se encuentran favorecer que los Juzgados de Violencia suspendan cautelarmente el régimen de visitas del padre a los hijos, en los casos en que las víctimas se encuentren acogidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida por motivos de seguridad; potenciar la valoración del riesgo para los menores, y firmar un nuevo procedimiento de coordinación institucional adaptado a las nuevas realidades de la violencia de género.

También se propone la creación de una 'ventanilla única' para la atención y protección, que evite la victimización secundaria de las mujeres y menores víctimas.

El documento presentado este viernes defiende además promover medidas efectivas contra la prostitución, penalizando al proxeneta y al cliente, mientras que se insta a los medios de comunicación a no anunciar este tipo de servicios.

Díaz también se ha referido al compromiso del Gobierno andaluz con el mantenimiento de la aplicación de la Ley de Dependencia, que afecta fundamentalmente a las mujeres por haber reconocido un trabajo no remunerado tradicionalmente en manos femeninas.

En la línea estratégica de participación económica y política, el pacto apuesta por reconocer la contribución del trabajo doméstico no remunerado a la economía productiva; incrementar la participación de las mujeres en los programas y planes de empleo; promover medidas tendentes a eliminar la segregación horizontal y vertical, y promover la permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo.

Defensa de educación para la ciudadanía

En materia de educación, el pacto contempla, entre otras propuestas, incluir en los libros de texto la historia de la lucha por los derechos de la ciudadanía de las mujeres; diseñar programas específicos de coeducación dirigidos a las familias; promover la edición de materiales educativos con criterios de igualdad y lenguaje incluyente; garantizar contenidos y actividades específicas, adaptados a cada tramo educativo, sobre el significado y alcance de la igualdad de oportunidades, o fomentar la formación específica en género dirigida a la formación universitaria y estudios medios.

También se plantea incluir la perspectiva de género en la formación del profesorado; garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos del sistema educativo andaluz, y apostar por el mantenimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

De igual manera, el documento plantea que una sociedad desigual comienza por la formación, de manera que apuesta por promover campañas de juegos no sexistas en los centros escolares y no subvencionar con fondos públicos a los colegios que segreguen por sexo.

El pacto da un lugar destacado al avance en materia de conciliación y corresponsabilidad, imprescindible para la plena consecución de la igualdad de género. En este sentido, el acuerdo prevé promover la aprobación del permiso de paternidad igual e intransferible como vía fundamental para favorecer la corresponsabilidad; promover un modelo de relaciones laborales y empleo de calidad; reforzar los recursos públicos tendentes a favorecer la conciliación, y analizar la idoneidad de cambios en la organización del trabajo y en horarios laborales.

El documento incluye, del mismo modo, medidas que favorezcan el "empoderamiento" de las mujeres, que garantizará, entre otros, el mantenimiento de los centros municipales de atención a las mujeres, en riesgo de desaparición con el anteproyecto de reforma de la administración local.