El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, junto a sus homólogos de Extremadura, Cantabria, Andalucía y La Rioja, ha suscrito una Declaración Institucional de Apoyo al Sector del Tabaco, que en el caso del archipiélago supone más de 4.000 empleos directos y una producción en torno a los 250 millones de euros, según los propios agentes del sector.

Este documento de apoyo es una de las conclusiones de la reunión celebrada en Santander por los presidentes de las Comunidades Autónomas en donde el tabaco constituye un sector estratégico de su economía, informa el Ejecutivo canario en una nota.

En la firma de la Declaración, celebrada en la sede de Altadis en Entrambasaguas (Cantabria), también han estado presentes responsables de las empresas integradas en la Mesa del Tabaco y Mesa Canaria del Tabaco como Altadis, Tabacalera, Cetarsa o Logista, entre otros.

Rivero destacó la importancia del documento firmado pues su objetivo último es "conciliar" la protección de la salud y el mantenimiento de "miles" de puestos trabajo, "que en Canarias alcanzan los 4.000, lo que da idea de la relevancia de este acuerdo".

Asimismo, han estado presentes representantes de la CEOE, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, la Organización Interprofesional del Tabaco (OITAB), la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España o la Asociación Empresarial del Tabaco (Adelta).

En la declaración se recoge la necesidad de que la Unión Europea elabore una revisión consensuada de la Directiva 2001/37/CE sobre los productos del tabaco, cuyos sucesivos borradores han despertado la alarma en el sector.

Efectivamente, esos primeros documentos han generado reacciones no solo empresariales y sindicales, sino también por parte de parlamentos y ejecutivos autonómicos e, incluso, al más alto nivel, de gobiernos europeos como los de Italia, República Checa, Grecia, Bulgaria, Dinamarca, Portugal, Rumanía y Suecia.

En ese sentido, algunas de las medidas contempladas en dichos borradores como la eliminación o reducción de la presencia de las marcas en las cajetillas, estandarización del producto, prohibición de determinados ingredientes, restricciones en la exposición y promoción o la prohibición de venta en máquinas expendedoras, entre otros, son consideradas un "endurecimiento injustificado" de la norma que tendría "graves consecuencias" económicas, poniendo en "grave riesgo" la pervivencia del sector.

Instituciones, empresas y sindicatos aceptan y comparten los objetivos que se ha trazado la Unión Europea con la revisión de esta directiva, especialmente en lo relacionado a la protección de la salud.

Sin embargo, entienden que se ha guardar un equilibrio entre ésta y la protección del empleo y la actividad económica en aquellas regiones donde el sector tabaquero tiene una incidencia significativa.

Al mismo tiempo, se advierte también de que la directiva podría perjudicar notablemente a la recaudación fiscal y abrir la puerta al incremento de actividades ilícitas como el contrabando.

Miles de puestos de trabajo

En España, la industria del tabaco da empleo a más de 56.000 personas y aporta 9.300 millones de euros anuales en concepto de impuestos para el Estado. Además, las distintas actividades vinculadas al tabaco producen un valor añadido de 2.700 millones de euros, lo que representa casi el 0,3 por ciento del total del valor añadido de la economía española.

En lo que respecta a Canarias, el número de personas que viven directamente de este sector sobrepasa las 4.000, con un número indeterminado de aquellas que lo hacen de forma indirecta, en una actividad que representa el 14 por ciento del PIB industrial de las islas y una producción de 250 millones de euros, a los que habría que añadir los más de 160 millones que mueve el sector en adquisiciones a proveedores.

El Congreso de los Diputados y varios parlamentos autonómicos, entre ellos el canario, han aprobado declaraciones y proposiciones en defensa del empleo y la industria del tabaco frente a la revisión de la directiva europea. Los firmantes de la declaración de Cantabria pedirán al Gobierno de España que sume también a la defensa activa del sector.